MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, destacó este martes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogen un aumento del 25% del gasto militar al elevar de la partida de los Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa. Para este año correspondería un desembolso de 3.011 millones pero, según fuentes gubernamentales, el monto para 2023 se incrementará en 1.890 millones hasta un total de 4.900.
Además , en el proyecto de presupuestos para 2023, el Ministerio de Defensa aumenta sus recursos en un 6,5%, cifra que se incrementa hasta el 8,4% si se incluyen los fondos europeos.
El objetivo comprometido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los aliados de la OTAN es llegar en 2029 al 2% del PIB en inversión en Defensa, camino que en el Ministerio de Hacienda consideran que se inicia con este incremento de un 25% en los PGE.
Montero lo explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que estuvo acompañada por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
María Jesús Montero aseveró que, sin embargo, la política de gasto en Defensa “sube más si contemplamos los programas especiales de modernización, que no computan en el límite del gasto no financiero”. La ministra añadió que “estos programas especiales modernizan nuestras Fuerzas Armadas y se computan en distintas anualidades”. Para 2023 “asciende a 4.900 millones y la mayor parte de esta cifra corresponde a contratos para la industria nacional”.
“Estamos hablando de crear 22.667 empleos, bien de forma directa o bien de manera indirecta, por tanto, superamos esa visión que algunas veces tenemos excesivamente militarista sobre los gastos en Defensa”.
La subida de los recursos para Defensa dijo la ministra, la aborda el Ejecutivo “como forma de defender nuestra seguridad, pero también de invertir en empleos que se generan en este sector”.
La ministra de Hacienda y Función Pública apuntó, no obstante, que el presupuesto de Defensa “si excluimos el plan especial de modernización de las Fuerzas Armadas” experimenta un crecimiento de algo más del 6% “que está muy en línea con el resto de los ministerios y muy por debajo de otros de marcado carácter social”, como el de Derechos Sociales “que está en el entorno del 18%” o el de Igualdad, “que está en el entorno del 14%”.
COMPROMISO DE SÁNCHEZ
“Significa, por tanto, que lo que estamos acometiendo es la subida salarial de la tropa y los miembros de las Fuerzas Armadas, ya que el resto del presupuesto no compite con el gasto no financiero”, indicó. Y añadió la importancia de “poner en valor la utilización de recursos que permiten crear, y este es el dato importante, casi 23.000 empleos en nuestro país y sobre todo en la industria nacional”.
Al respecto esgrimió “la carga de trabajo de Navantia, Airbus, o Indra, compañías que desarrollan su trabajo dentro de nuestro país”.
Por último, Montero fue tajante al aportar un argumento “fundamental” que respalda la subida en Defensa y es que “los compromisos del presidente se cumplen y esto me parece muy importante tenerlo en cuenta”. “El presidente es el máximo responsable de estas cuentas públicas y cuando el presidente compromete su palabra los presupuestos le dan cobertura a ese cumplimiento de su palabra”, proclamó.
“Nosotros comprometimos que el gasto en Defensa se situaría en los términos de la OTAN a lo largo de los próximos años y, por tanto, llegando hacia ese horizonte en los años 2027-2029, si el ritmo de crecimiento del presupuesto sigue esta senda en los próximos años”, confiando en “cumplir con algo tan importante como nuestra aportación a la seguridad internacional”.
Este asunto generó diferencias en el seno de la coalición cuando desde Unidas Podemos se objetó que un aumento en el gasto militar derivara en un descenso de partidas sociales. Pero desde Hacienda se dejó claro que el incremento, al ir en los planes especiales, no computa en el ‘techo de gasto’ y, por tanto, no afecta a medidas sociales aunque sí formen parte del proyecto de presupuestos.
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