MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El Parlamento de Hungría ha aprobado una enmienda a la ley de Procedimiento Penal en un intento por combatir la corrupción y aumentar la transparencia en el país, requisito fundamental para acceder a los fondos congelados, que ascienden a 7.500 millones de euros, de la Comisión Europea.
En concreto, la Asamblea Nacional húngara ha dado ‘luz verde’ a la medida con 136 votos a favor, siete en contra y 14 abstenciones. La ministra de Justicia de Hungría, Judit Varga, explica en la introducción del texto que “el Gobierno apuesta por un acuerdo con la Comisión lo antes posible”.
“La presentación del proyecto de ley es posible gracias a las posiciones convergentes del Gobierno y la Comisión, y su presentación a la Asamblea Nacional demuestra que el Gobierno se basa en el respeto”, reza el texto.
Esta enmienda permitirá en el futuro, en algunos casos de corrupción, que los implicados puedan solicitar una revisión en los tribunales si la autoridad investigadora o la Fiscalía se niegan a realizar un proceso penal, según ha recogido el diario húngaro ‘Magyar Nemzet’.
Hungría también se ha comprometido a constituir un nuevo Grupo de Trabajo Anticorrupción antes del 1 de diciembre de 2022, con la participación de actores gubernamentales y no gubernamentales “en igualdad de condiciones numéricas y con derecho a voto”.
El oficialismo húngaro presentó ante el Parlamento una batería de medidas con las que aspiraba calmar los recelos de Bruselas, entre ellas un mayor control de la actividad de los políticos que se integran en consejos directivos de fundaciones o una mejora de la colaboración con la oficina antifraude europea (OLAF).
La suspensión de ayudas europeas en caso de amenazas graves para el Estado de derecho en los países de la UE es una medida prevista desde el pasado enero en el mecanismo de condicionalidad incluido en las nuevas reglas para la gestión del Presupuesto de la UE.
El caso se remonta al pasado mes de abril, cuando Bruselas inició el procedimiento de condicionalidad para congelar fondos destinados a Hungría para evitar su uso opaco.
Entonces Budapest se negó a cooperar para enmendar la situación y no fue hasta este verano, cuando la Comisión puso cifra a los fondos en riesgo de suspensión, que las autoridades húngaras iniciaron el diálogo con los servicios comunitarios para buscar un acuerdo.
En el abanico de reformas que la UE espera para proteger los fondos comunes del tráfico de influencias, corruptelas y otros fraudes en Hungría destacan la creación de una Autoridad de Integridad con poderes ampliados y de una ‘task force’ de Anticorrupción con salvaguardas que aseguren la participación de toda la sociedad civil.
Las autoridades húngaras también deberán fortalecer el marco legal contra la corrupción, garantizar la transparencia en el acceso a fondos públicos y europeos por fundaciones, reforzar los mecanismos de auditoría y control y reformas en el sistema judicial para que las decisiones de la Fiscalía puedan ser recurridas.
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