SALAMANCA, 3 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha alertado del “grave problema social y para el empleo” que se producirá, según sus palabras, si no se adoptan por parte del Gobierno de España “las medidas legales necesarias que les permita hacer frente al sobrecoste de precios en las obras públicas”.
Así lo ha señalado tras participar este lunes en Cáceres en la reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Javier Iglesias ha reseñado que el incremento de los precios provocados “por diversos factores externos” está afectando “de forma directa a las empresas de construcción dedicadas a obra pública”, que son adjudicatarias de obras y que, “en muchos de los casos, no podrán hacer frente a los mismos”.
Esta situación, ha añadido, tendrá “una repercusión directa” en la viabilidad de las empresas que, según sus palabras, “se vean obligadas a renunciar a las obras ya adjudicadas para no asumir mayores pérdidas”.
Así, se ha referido “especialmente” a las pequeñas y medianas empresas o autónomos que trabajan con administraciones como la Diputación de Salamanca.
Entre otras cuestiones, ha pedido al Gobierno que amplíe el listado de materiales a tener en cuenta para calcular el umbral del cinco por ciento de incremento de los precios de un contrato para que sea posible la revisión extraordinario.
También, según la información facilitada por la institución provincial salmantina, ha subrayado la “necesidad” de que se les exima de la prohibición para contratar con la administración “ante la resolución culposa de los contratos”, cuando “hayan de desistir de la ejecución del contrato por dichas circunstancias”.
Por último, durante este encuentro al que han acudido presidentes de diputaciones, consejos y cabildos de España, también ha abordado la “necesidad” de que las diputaciones formen “parte activa” de la gestión de los Fondos Europeos y que exista una co-gobernanza sobre esta cuestión que “afecta también a las entidades locales”.
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