Vuelve a prohibir a ‘Mikel Antza’ que salga de España y ordena a ‘Ramontxo’ que esté localizado
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado enviar a prisión provisional a Mikel Albisu, alias ‘Mikel Antza’, y Ramón Sagarzazu, ‘Ramontxo’, si bien ha acordado imponerles medidas cautelares, dado que son los únicos de los seis ex jefes de ETA que se encuentran en libertad tras ser imputados por el atentado perpetrado el 4 de agosto de 2002 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante), que se cobró la vida de un hombre de 57 años y de una niña de 6 hija de un agente.
Además de ‘Mikel Antza’ y Ramontxo’, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 (JCI6) había citado para este lunes a los otros cuatro etarras investigados por estos hechos para interrogarlos por videoconferencia a partir de las 10.00 horas: Juan Antonio Olarra Guridi, ‘Juanvi’; Ainhoa Múgica, ‘Olga’; Félix Ignacio Esparza, ‘Navarro’; y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’.
En sendos autos, dictados este mismo lunes, García Castellón ordena que ‘Mikel Antza’ comparezca mensualmente en el juzgado más próximo a su domicilio o en la propia AN y que esté localizado, le retira el pasaporte y le prohíbe abandonar territorio español.
Cabe recordar que ‘Mikel Antza’ ya contaba con medidas cautelares. El encargado del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, le impuso el pasado diciembre la prohibición de salir de España por otro atentado, el que el 23 de enero de 1995 acabó con la vida del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez (PP).
Meses después, García Castellón dictó las mismas cautelares para ‘Mikel Antza’ por las pesquisas destinadas a esclarecer la implicación de la cúpula etarra en el secuestro y posterior asesinato del joven concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco entre el 10 y el 13 de julio de 1997.
Respecto a ‘Ramontxo’, el responsable del JCI6 opta por unas cautelares más leves. Así, le reclama que designe “un domicilio, persona y teléfono en que pueda ser notificado, citado y/o emplazado, con la advertencia de que el incumplimiento de las obligaciones impuestas llevaría a decretar su inmediato ingreso en prisión”.
LAS ACUSACIONES PEDÍAN PRISIÓN PROVISIONAL PARA AMBOS
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el fiscal Vicente González-Mota había pedido medidas cautelares solo respecto a ‘Mikel Antza’ y ‘Ramontxo’, ya que son los únicos de los seis imputados por este atentado que están libres. En concreto, había interesado comparecencias regulares, retirada de pasaporte y prohibición de salida del país.
La acusación que ejerce Dignidad y Justicia (DyJ), a cuyas peticiones se han adherido la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la acusación particular que representa a los padres de la menor asesinada, pedía prisión provisional para ambos etarras.
DyJ ha aportado al juez informes periciales en los que advierte del “riesgo real de huida”. En el referido a ‘Mikel Antza’, al que ha tenido acceso Europa Press, se alerta de la experiencia obtenida por “los años en los que desarrolló su labor de organizador del comité de refugiados y deportados huidos de la justicia de ETA”.
“Tiene los contactos y conocimientos suficientes como para encontrar los medios necesarios para subsistir fuera de España, además de manejar a la perfección los diferentes posibles canales de financiación en los que se pudiera apoyar”, expone el informe pericial. En concreto, indica que podría cruzar a Francia, “aprovechando la libertad de movimiento que ofrece el espacio Schengen”, al norte de África o a Suramérica.
UN RIESGO DE FUGA “DILUIDO”
No obstante, García Castellón explica en sus autos que “no concurre riesgo de fuga” porque los investigados están localizados y tienen “arraigo” en España, a lo que ha sumado que “el lapso temporal transcurrido entre la comisión de los hechos que se investigan, agosto de 2002, y el momento presente” hace que el eventual riesgo de fuego se ha “diluido”.
El juez también ha valorado la posible destrucción pruebas –otro de los motivos que la ley contempla para ordenar el ingreso en prisión provisional–, pero lo descarta igualmente por el tiempo transcurrido, “ya que no existe una inmediatez entre la comisión delictiva y esta instrucción”. “No existe ningún indicio que ponga de manifiesto que se puedan ocultar, destruir o alterar dichos elementos, ni que puedan ser calificados como fuentes de prueba relevantes”, añade.
Por último, indica que el momento procesal en el que nos encontramos, con una investigación embrionaria, tampoco aconseja la prisión provisional, puesto que aún esta lejos del juicio oral.
Pese a todo, García Castellón expone que acuerda dichas cautelares “ante la gravedad de los hechos investigados y las elevadas penas de prisión con que se reprimen”.
‘RAMONTXO’ ASEGURA QUE ENTONCES ERA UN MILITANTE RASO
Fuentes presentes en la ronda de declaraciones han contado a Europa Press que en realidad el único que ha tomado la palabra ha sido ‘Ramontxo’ para negar cualquier implicación en el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola. De acuerdo con la versión que ha aportado, por aquel entonces era un militante raso de la organización terrorista. De hecho, ha enfatizado que la Justicia francesa le condenó como miembro de ETA, no como dirigente.
En cuanto a los demás, ‘Navarro’ y ‘Anboto’ no han podido comparecer porque no se ha podido establecer la conexión con ellos debido a que se encuentran en prisiones distintas a la que ha servido para hacer la videoconferencia, el primero en una cárcel francesa y la segunda en la cárcel madrileña de Estremera. No obstante, la defensa de Iparraguirre ha recordado que Francia no la entregó a España para ser investigada por estos hechos.
‘Juanvi’ y ‘Olga’ han puesto sobre la mesa el mismo argumento que la defensa de ‘Anboto’, por lo que respecto a estos tres imputados habrá que esperar a que Francia autorice tomarles declaración por estos hechos, mientras que ‘Mikel Antza’ se ha acogido a su derecho a no declarar, de acuerdo con las citadas fuentes.
REAPERTURA DEL SUMARIO
Fue en el mes de marzo cuando García Castellón acordó reabrir el sumario por este atentando, aceptando de esta forma una querella presentada por Dignidad y Justicia contra los seis jefes de ETA que presuntamente componían entonces la zuba, el comité ejecutivo de la organización terrorista.
El instructor vio “nuevos elementos o circunstancias a valorar” que pueden guardar “directa vinculación con los hechos iniciales que motivaron” la apertura del proceso penal. “En el presente caso, esa vinculación o relación es palmaria”, sostuvo.
El pasado 28 de julio, imputó a los seis etarras tras recibir los informes encargados a Guardia Civil y Policía Nacional, que resaltan que en la fecha del atentado formaban parte de la cúpula de ETA.
En un último informe, la Benemérita responsabiliza a los seis imputados del atentado en Santa Pola al afirmar que podían “haber evitado el desenlace” haciendo valer la “posición de mando que ostentaban dentro de la organización terrorista y su amplia capacidad de actuación”.
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