MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El exgerente de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Dionisio Ramos se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados por la existencia de una caja B, unos hechos que niega y cuya denuncia a manos del exrector Carlos Berzosa asegura que no tiene “fundamento” alegando que por aquel entonces la universidad carecía de un sistema contable y de programas de control del presupuesto.
En la primera sesión, el tribunal ha procedido a la selección del jurado popular que enjuiciará los hechos por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos. Mañana declarará el exgerente y otros acusados.
Se juzga a siete personas, entre ellas a Dionisio Ramos, varios antiguos administradores de colegios y alumnos. Se enfrentan a penas de entre cuatro a siete años de cárcel e inhabilitación de 15 años en el caso de los cargos públicos.
A Dionisio Ramos se le piden seis años de prisión por presuntamente malversar 1.448.706 euros durante el tiempo que desempeñó su actividad en la mencionada institución académica entre los años 1995-2001.
En total, en concepto de responsabilidad civil la Fiscalía exige a los acusados 4.163.328 euros que deberán abonar a la universidad Complutense, dependiente de la Comunidad de Madrid.
El abogado Luis Rodríguez Ramos, que defiende al exgerente de la Complutense, ha destacado que se juzgan hechos de hace más de veinte años, dado que la universidad tardó mucho en aportar documentos en la instrucción.
“No hay pruebas porque los indicios de la acusación se basan en hechos que no tienen fundamento ya que en aquellos momentos no había un sistema de contabilidad ni programas”, ha subrayado, para indicar que los acusados “no se quedaron con ningún euro” al actuar conforme a las normas vigentes en aquel momento.
Dionisio Ramos llegó a la Complutense en 1996 tras estar un año en la Consejería de Educación. Ocupó el puesto de gerente. En 2003, Carlos Berzosa se hizo con el rectorado y lo destituyó. Dos años más tarde, el rector llevó a la Fiscalía presuntas irregularidades al detectar un supuesto sistema de bonificaciones y sobresueldos con fondos de la universidad.
CAJA B AL MARGEN DE LA UNIVERSIDAD
Según el fiscal, Dionisio Ramos era el encargado de controlar y gestionar todos los fondos que ingresaba la universidad, lo cual le permitió que se fueran recibiendo fondos en una cuenta corriente cuya finalidad era un manejo “injustificado” y el uso de fondos para fines “ajenos” a los propios del centro.
En la misma figuraba nominativamente “actividades culturales del Colegio Mayor Jiménez de Cisneros” por lo que su existencia “era desconocida para la Intervención de la Universidad”.
La Fiscalía detalla que los ingresos respondían a varios conceptos: fondos procedentes de la ocupación de los Colegios Mayores en los cursos de verano, talones al portador, transferencias de la Fundación General de la Universidad Complutense, así como dinero en efectivo o mediante giro postal, procedentes de la reserva de plaza de los Colegios Mayores de la zona oeste.
La cuenta, abierta por los subdirectores del colegio mayor Ximénez de Cisneros para la realización de actividades culturales, figuraban como autorizados tres de los acusados.
Los gestores efectivos de la cuenta, aunque no tenían firma en la misma, eran dos administradores de colegios mayores que entre sus funciones se encontraban la de controlar los ingresos y gastos de dichos colegios, la liquidación de anticipos a justificar y el servicio de caja.
Entre enero de 1995 y junio de 2001, con la autorización del entonces gerente de la UCM, así como la de los administradores de los colegios mayores se emitieron varios cheques al portador por importe de 914.320 euros sin cargo a los presupuestos y sin ninguna supervisión por parte de la universidad con ánimo de “distraer” el dinero para sí “o para terceros” .
También, según la Fiscalía, otros acusados se dedicaron a “distraer” otras cantidades de dinero.
Según el fiscal, durante el curso 2002-2003 se matricularon 846 alumnos en los Colegios Mayores de la zona Oeste y 929 el curso siguiente los cuales abonaban en concepto de reserva de plaza, antes del comienzo del curso 300 euros, cantidad sin derecho a devolución ni aplicable al pago de las mensualidades, “cuyo destino no era contabilizado en los Presupuestos de la Universidad, ni controlado y supervisado por la Inspección de la Universidad Complutense de Madrid”.
Así, consiguieron recaudar 533.387 euros, una cantidad que no fue incluida en las cuentas de la Universidad “conscientemente” por los acusados en su condición de administradores de los Colegios Mayores “entre cuyas funciones estaban el control de los ingresos y gastos de los Colegios Mayores”.
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