SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular de Cantabria ha presentado una serie de iniciativas en el Parlamento regional para promover una solución al “grave problema” de ocupación ilegal de viviendas que a su juicio afecta “a numerosos municipios” de la comunidad, donde “está proliferando de manera indeseable”.
En concreto, según ha informado en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP, Iñigo Fernández, se trata de una moción, que defenderá en el pleno del próximo lunes, y de una batería de preguntas a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, en la comisión parlamentaria correspondiente.
Fernández ha señalado que, a diferencia de lo que opina la consejera, que “no tiene ni idea de lo que hay, ni se ha molestado en enterarse”, el PP cree que “sí existe un grave problema” de ocupación en la región, que “difícilmente puede resolverse” si no se reconoce y si no se dispone “de datos ni ningún estudio sobre su incidencia”.
En este sentido, ha criticado que en este tema, como en otros tantos, el Gobierno de Cantabria, y en concreto su presidente, Miguel Ángel Revilla, “vive ajeno a la realidad y en su mundo, no en la búsqueda de soluciones a las necesidades de la gente”.
Para Fernández, el “origen” de este problema “es que las leyes de este país protegen a quien ocupa una vivienda ilegalmente”, frente al propietario y a los vecinos, una situación “de enorme injusticia” que el PP quiere “cambiar” y que “es consecuencia” de los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez “con determinados grupos políticos” y que “pagamos todos”, ha opinado.
Así, en la moción, el Grupo Popular pide instar al Gobierno de España y a la Cortes Generales a promover los cambios pertinentes en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de ejecutar el desalojo inmediato de los okupas en un plazo máximo de 24 horas; y endurecer las penas recogidas en el Código Penal tanto para la usurpación como para el allanamiento de viviendas por parte de los okupas.
También, suprimir la referencia a morada o domicilio que, en la práctica, ampara y protege frente a la autoridad a quienes protagonizan actos de ocupación ilegal de viviendas; y permitir promover y personarse en los procedimientos, no sólo a los propietarios, sino también a los presidentes de las comunidades de propietarios.
Asimismo, reclama que se tengan en cuenta las iniciativas propuestas por las plataformas integradas en la Coordinadora ‘Fuera Okupas Cantabria’, y en especial la elaboración de un mapa de la ocupación ilegal de viviendas en Cantabria y la creación del Observatorio de la Okupación en Cantabria.
Además, insta a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales a constituir una oficina de información, asesoramiento y apoyo a los propietarios y comunidades afectados por la ocupación ilegal en la región
En las preguntas, el PP insta a la consejera a que dé cuenta en Comisión del motivo por el que “no ofreció” datos concretos de ocupaciones ilegales de viviendas en Cantabria cuando le fueron requeridos en la última sesión plenaria y si dispone de los mismos.
De ser así, quiere conocer cuántas ocupaciones ilegales de viviendas se produjeron en Cantabria y cuál fue la distribución por municipios en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 y qué actuaciones concretas impulsó el Gobierno de Cantabria frente a esos episodios de ocupación.
FISCALIDAD
Por otro lado, Fernández ha valorado en su intervención las propuestas fiscales del Gobierno de la nación, que ha calificado de “absolutamente insuficientes” y ha criticado que en ellas “no hay ninguna medida” que permita rebajar “la presión” a las clases medias.
En el caso de Cantabria, ha pedido al Gobierno que “deje de marear la perdiz” y se planteee “de una vez por todas” deflactar el tramo autonómico del IRPF y la bajada de impuestos.
Sin embrago, según ha dicho, de las declaraciones realizadas, tanto por Revilla como por el vicepresidente Pablo Zuloaga, “se puede deducir que no está en su ánimo abordar una auténtica reforma” de la fiscalidad en Cantabria en el próximo ejercicio.
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