HUELVA, 29 (EUROPA PRESS)
Dos de los agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación sobre la intoxicación de siete sanitarios de Instituciones Penitenciarias de la prisión de Huelva en 2018 han apuntado este jueves que la acusada, funcionaria del Cuerpo de Enfermeros de la misma, incurrió en “contradicciones” durante el testimonio tomado por estos hechos a los trabajadores afectados y que trabajaron en la jornada del 15 de noviembre, cuando se produjo la intoxicación grupal.
Así lo han indicado durante su testifical en la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Huelva contra esta persona, para la que la Fiscalía solicita 23 años de cárcel al considerar que es culpable de un delito continuado de lesiones, por el que pide una pena de cinco años, así como de seis delitos de lesiones, por los que solicita tres años por cada uno de ellos.
Por su parte, la acusación solicita 38 años por las agresiones, es decir cuatro años por cada uno de los ocho delitos; y otro delito contra la salud pública, por el que se piden seis años y seis meses.
Durante su declaración, uno de los agentes ha señalado que la acusada indicó que “se iba del centro al llegar su relevo” en la guardia pero que, según los partes a los que tuvo acceso la Policía, “se comprobó que no era así”, ya que se recogía otro horario diferente de salida al aducido, así como que presentó “dudas” a la hora de señalar si había estado de guardia o trabajando los días de antes o los relacionados con los hechos.
En la misma línea se ha pronunciado otro de los policías, quien ha señalado que después de la hora a la que el supervisor le hizo el relevo, “sobre las 7,38” hay “un tiempo en el que permanece en el centro”.
Asimismo, han explicado que la investigación se centró en el personal sanitario tras comprobarse que la zona de acceso a la Enfermería y la farmacia se encontraba bajo vigilancia y que es una zona “en la que era imposible que entrara alguien sin control de acceso ni identificación”.
También ha señalado que empezaron a tener indicios de que la enfermera podría ser la presunta responsable de estas intoxicaciones “al coincidir” las salidas de guardia de la misma con la entrada de guardia del supervisor, algo que también “coincidía con las incidencias recogidas en el libro de servicio” sobre los días 15 de noviembre, el de la intoxicación grupal, 22 de julio, 23 de septiembre y 9 de noviembre.
En este sentido, el agente ha explicado que tras el incidente del día 15 de noviembre el supervisor indicó que había pasado por circunstancias similares el 22 de julio y el 23 de septiembre, por lo que presentó los informes médicos que apuntaban “a los mismos síntomas” vividos por todos los sanitarios el día 15, al tiempo que ha señalado que el supervisor indicó que habían estado “en competencia” por ese puesto”.
De la misma manera, este policía ha subrayado que había dos personas responsables del armario y del suministro de la metadona, siendo la acusada una de ellas, y que “solo ciertas personas tenía acceso” a este opiáceo, así como que la enfermera dio positivo el 16 de noviembre en otra sustancia a la que “no tenían acceso otras personas”. Así, ha apuntado que, según las manifestaciones recogidas en los testimonios y las comprobaciones realizadas por la Policía Nacional, “otro personal no sanitario no tenía acceso a la metadona”.
De otro lado, el segundo policía ha declarado que el 15 de noviembre también acudieron al centro penitenciario agentes del grupo de Científica de la Policía Nacional, que recogieron muestras del café, la leche y el pan que habían sido ingeridos por los sanitarios afectados y que tuvo una cadena de custodia hasta que se entregó en el laboratorio del Instituto Toxicológico de Sevilla, arrojando el café y la leche positivo por metadona.
Asimismo, ha manifestado que era “destacable” que “todas las intoxicaciones se habían producido en la entrada de guardia del supervisor y la salida de las mismas de la acusada”, así como que todo “se había producido en el área de descanso y con alimentos que había en la nevera”, apuntado que “solo había dos responsables de farmacia”, toda vez que ha reseñado que “no había acceso libre a la metadona” porque “estaba bajo llave”.
Por su parte, el inspector de Servicio de Instituciones Penitenciarias, que también realizó una investigación, ha incidido igualmente en que el acceso a la metadona “era limitado” y que “solo había dos personas que tenían acceso en aquella época”, toda vez que ha subrayado que la misma estaba en un armario “en una zona de seguridad”, así como que descubrió que se habían producido incidentes anteriores al día 15 de noviembre.
En esta sesión también han declarado otros funcionarios de la cárcel de Huelva, entre los que se encontraba el jefe de Servicio del centro penintenciario de Huelva, quien ha aseverado que la Enfermería es una zona de “absoluta seguridad” al ser las unidades “más delicadas de los centros penitenciarios”, por lo que están vigiladas “365 días del año” con funcionarios “cuya misión es discriminar” quien entra y que solo hay acceso a otro personal de la prisión si “está justificado”.
De otro lado, una de las responsables del equipo médico ha señalado que le adjudicó a la acusada la responsabilidad del servicio de farmacia porque “le insistió mucho con ello”, al tiempo que ha apuntado que “se notaba un enfrentamiento” entre la misma y el supervisor”.
ACUSACIÓN DE FISCALÍA
El escrito de Fiscalía señala que los hechos por los que está siendo juzgada sucedieron entre julio y noviembre de 2018, cuando la acusada “con claro ánimo lesivo, aprovechando el acceso como enfermera a un armario con llave en la farmacia dentro de la enfermería” del centro penitenciario, al que tenía acceso, “procedió a hacerse con unas cantidades indeterminadas” de metadona “para introducirla en los alimentos que para consumo propio guardaban sus compañeros en la sala de descanso localizada en dichas dependencias”.
Asimismo, apunta que esta era mezclada junto con Nordiazepam y, ocasionalmente, Pregabalina, así como indica que la ingesta de metadona por quien no está habituado mezclada con fármacos potenciadores “es susceptible de suponer un grave riesgo para la salud”.
En este sentido, la Fiscalía manifiesta que, con motivo de ello, los compañeros de esta enfermera sufrieron intoxicación aguda con metadona, pregabalina y diacepam y trastorno adaptativo, por lo que tuvieron que ser médicamente tratados por diversos perjuicios para cada uno de ellos.
Además de pena de prisión, la Fiscalía pide su inhabilitación especial para empleo o cargo público y profesión de enfermera durante el tiempo de condena, así como el pago de indemnizaciones que van desde los 7.720 a los 11.190 euros para los afectados.
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