SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A en defensa de mejorar las bonificaciones a las familias para posibilitar la escolarización de los niños de 0 a 3 años.
La iniciativa ha contado con la abstención del PSOE-A y de Grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Vox la ha apoyado y ‘Por Andalucía’ la ha rechazado.
Concretamente, el Pleno de la Cámara ha instado a la Junta a que demande al Gobierno central que los fondos que correspondan a Andalucía, dentro del Programa de Impulso de Escolarización del Primer Ciclo de Educación Infantil, se destinen a mejorar las bonificaciones de todo el alumnado, con objeto de aumentar la tasa de escolarización y caminar hacia una progresiva gratuidad de la enseñanza como objetivo final, evitando poner en riesgo el empleo (mayoritariamente femenino) de este sector en la comunidad.
En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Alejandro Romero ha indicado que para avanzar en una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, se hace necesario impulsar el aumento de la escolarización en este ciclo educativo, aun cuando la escolarización 0-3 en Andalucía es de las “mayores del país (52% de la población 0-3)”.
“Se debe avanzar en la gratuidad de esta etapa, mejorando las bonificaciones que se conceden a las familias”, según ha señalado, apuntando que este avance en gratuidad ayudaría al mantenimiento de un modelo de escuelas infantiles “que funciona en Andalucía y que da empleo a más de 15.000 profesionales, en su mayoría mujeres”.
Para el diputado popular, Andalucía “no necesita más plazas, sino que se aumenten las bonificaciones para que puedan acceder a ellas más familias, ya que aproximadamente el 20% de ellas se encuentran vacantes”.
Sin embargo, según ha expuesto, el Gobierno central “pretende acabar con nuestro modelo de atención 0-3 a través del Programa de Impulso de la Escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil, con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años”.
En opinión de Romero, esto supondría “poner en serio riesgo todas aquellas escuelas infantiles privadas que prestan el servicio público en Andalucía y, por ende, los empleos de sus trabajadoras, que han mostrado su preocupación y rechazo al uso de los fondos propuesto por el Gobierno de la nación”.
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