MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este jueves, por 34 votos a favor, 293 votos en contra y 17 abstenciones, la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por la CUP a la proposición de ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.
Entre otras cuestiones, la modificación del Código Penal que propone el PSOE para prohibir el proxenetismo busca “castigar el proxenetismo de manera general”, al entender que “esta conducta aún no cuenta con suficiente reproche penal en nuestro ordenamiento jurídico”.
En concreto, la norma prevé modificar el artículo 187 del Código Penal haciendo que cualquier persona que determine a otra a ejercer o mantenerse en la prostitución sea castigado según lo dispuesto en la misma, así como aquel que destine un inmueble o local a dicho fin.
En defensa de la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por su grupo, la diputada de la CUP Mireia Vehí aseguró que el modelo que plantea el PSOE “sólo contribuye a perseguir a las mujeres” desde “una lógica de abolicionismo punitivista” frente al “regulacionismo neoliberal”.
“Nosotras, ni punitivismo, ni neoliberalismo, nosotras tratamos de construir un marco pro derechos, que garantice los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual”, apostilló, convencida de que “hay muchas maneras de legislar sobre el trabajo sexual”.
Con respecto al texto que la CUP pretendía enmendar, Vehí criticó que considera que la relación entre trabajadora y cliente “no puede ser nunca desde el consentimiento y siempre es de violencia porque hay mediación económica”.
“El Código Penal no puede resolver esta cuestión, porque individualiza la violencia y es obvio que van a recibir con mucha más fuerza el Código Penal las personas más vulnerables”, apuntó, al tiempo que lamentó que el texto del PSOE “contribuye a confundir la trata y la prostitución” y defiende que “perseguir la prostitución va a mejorar la persecución de la trata”, algo que, según la diputada “no es cierto y no se sostiene”.
LUCHA CONTRA LA TRATA
Por el contrario, a su juicio, la “garantía” de derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, la “derogación” de la Ley de Extranjería, la “aplicación” de la renta básica universal, entre otras medidas, “sí contribuiría a la lucha contra la trata”.
A su vez, denunció que la ley socialista persigue la tercería locativa, esto es “que las trabajadoras sexuales puedan alquilar sitios donde trabajar” y, además, “confunde deliberadamente prostitución forzada con prostitución voluntaria”. “Y esto sólo persigue a las mujeres y solo da más fuerza a los proxenetas”, sentenció.
En el turno de fijación posiciones, la diputada del PSOE Laura Berja advirtió de que en la sesión de este jueves se votaba “a favor o en contra del proxenetismo. Punto”, convencida de que, quienes votasen “a favor de la enmienda de la CUP, estarán blanqueando públicamente el proxenetismo y a toda la industria proxeneta, una práctica incompatible con la dignidad de una sociedad decente”.
Por el contrario, la propuesta socialista es, a su entender, “muy clara: perseguir todas las formas de proxenetismo” y, en este sentido, dijo no tener “ninguna duda de que es la propuesta que necesita una democracia digna como la nuestra, que no puede seguir mirando hacia otro lado en una cuestión que atenta tan brutalmente contra los derechos humanos”.
En este sentido, aseguró que el “debate propiciado por la CUP resulta muy preocupante, porque el proxenetismo vulnera los derechos humanos y es una aberración inasumible en democracia” y lo que plantea la enmienda presentada es “directamente legalizar el proxenetismo”.
Tras puntualizar que todo el texto “es un despropósito, porque parten de la premisa de que la prostitución es un trabajo y no lo es”, afeó al grupo proponente que se “comporta como auténticos neoliberales y tan de libre mercado con la vida de las mujeres”.
En este punto, advirtió de que a quien la ley socialista “criminaliza” es a los proxenetas, porque, espetó, “son criminales”, al tiempo que señaló que el PSOE “combate todo tipo de precariedad” y que “la impunidad con la que actúan los explotadores sexuales responde a la deficiente regulación penal del proxenetismo”.
RESTO DE GRUPOS
Por el grupo parlamentario popular, el diputado Miguel Ángel Jerez criticó que al grupo proponente de la enmienda “se le ha ocurrido normalizar la indignidad que representa para muchas mujeres someterse a los deseos sexuales de quien paga justificando que se hace de forma consentida”.
“No es el consentimiento elemento suficiente y no se recupera la dignidad individual por convertir a una mujer que ejerce la prostitución en una contribuyente más”, espetó, para, a continuación, explicar al PSOE que la persecución del proxenetismo “en todas sus versiones” también es el “objetivo” del PP y animarle “para que no se deje presionar por nada ni por nadie, aunque se trate de la titular del Ministerio de Igualdad y se crea con mayor razón que nadie”.
Por Vox, la diputada Lourdes Méndez denunció que la izquierda “quiera solucionar este problema con cuatro artículos” y pretenda abolir la prostitución planteando “una serie de medidas que son parciales, incompletas y algunas claramente insensatas”, si bien se mostró “absolutamente de acuerdo” en la propuesta socialista de ampliar el tipo penal del proxenetismo, proponiendo que se agraven las penas “cuando se trata de menores o personas con discapacidad”.
Además, subrayó que Vox enmendaría el texto para que se sancione a los clientes “cuando puedan conocer la situación de explotación o de minoría de edad de la víctima” y urgió a “poner el foco” en la lucha contra la trata, convencida de que, “en la vida real, la prostitución no se asemeja a Pretty Woman”.
Por Unidas Podemos, la diputada Sofía Fernández juzgó “totalmente compatible la protección de los derechos de las víctimas con la lucha contra la impunidad” de los proxenetas y se mostró convencida de que “prohibir sin facilitar acceso a condiciones materiales es tan irrealizable como cruel”. “Quienes son víctimas de trata y de explotación sexual necesitan una alternativa a su situación”, abundó, convencida de que “combatir la impunidad de la industria proxeneta debe ir unido a la protección y reconocimiento de derechos de las mujeres víctimas de explotación sexual”, lo cual pasa, a su entender, “por un abordaje integral que vaya más allá de la persecución penal del proxeneta”.
Por ERC, Pilar Vallugera, que comprometió su voto a favor de la enmienda a la totalidad planteada por la CUP, se mostró “mucho más cerca” de lo que plantea su texto que de lo “perpetrado” por el PSOE, convencida de que los socialistas “no tienen problema con la ley, sino con la judicatura machista”, que es, dijo, “tan terriblemente dura para los derechos y tan mansa para las violencias contra las mujeres”.
Por el Grupo Plural, Concepción Cañadell (Partido Demócrata Europeo) aseveró que las leyes “prohibicionistas” aplicadas en otros países “no han conseguido este propósito y han conllevado un aumento de la vulnerabilidad de las personas que integran este colectivo” y anunció su voto favorable a la enmienda presentada por la CUP, mientras que Pilar Calvo (Junts) denunció que el PSOE “mezcla peligrosa y populistamente la trata para la explotación sexual con todo tipo de prostitución, también la voluntaria”, empujando a las mujeres que la ejercen “a caer en las mafias y regresar a la clandestinidad”.
Por Ciudadanos, Sara Giménez lamentó que el PSOE “quiera seguir haciendo electoralismo con un tema tan serio como este” y sigue “más empeñado en combatir a las trabajadoras sexuales que ejercen la actividad de una manera libre y voluntaria que en legislar específicamente para acabar con la trata de personas”.
Finalmente, por el PNV, el diputado Joseba Andoni Agirretxea insistió en que “la criminalización no es la vía”, porque, a su entender, “aumenta la vulnerabilidad y la clandestinidad” de quienes ejercen esta actividad y propuso la creación de una subcomisión para el estudio de la situación de la prostitución “desde todas sus vertientes, con datos reales y verificables, dando voz a personas prostituidas, asociaciones de toda índole, investigadores y poderes públicos”. Un foro abierto a realizar “un diagnóstico, veraz y consecuente para poder legislar en consecuencia y desde una perspectiva global y no cerrada solo a lo punitivo”, concluyó.
Tras rechazarse la enmienda presentada por Mireia Vehí, de la CUP, que forma parte del Grupo Parlamentario Mixto, el texto continúa su tramitación parlamentaria en su redacción original.
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