ZARAGOZA, 28 (EUROPA PRESS)
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha comparecido este miércoles, a petición del PP, ante la comisión sectorial de las Cortes regionales para informar sobre el trabajo a desarrollar por su Departamento en este periodo de sesiones, donde ha dicho que la prioridad es “dar respuesta a las personas más vulnerables”.
Según ha expuesto, Ciudadanía se ha centrado en la gestión y la normativa y también ha defendido que el trabajo en los servicios sociales “mide la fibra moral de un Gobierno”, que, en su caso, se ha demostrado “con el incremento del 25% en el presupuesto, pasando de 300 a 400 millones de euros”. En este sentido, “la ayuda de 200 euros para las familias más vulnerables va a ser ágil”, ha garantizado Broto, respecto al anuncio del presidente aragonés, Javier Lambán, en el último pleno del Parlamento autonómico.
Respecto a la normativa, “estamos inversos en proyectos legislativos”, ha apuntado la consejera, como la organización y regulación de los centros de servicios sociales locales o la acreditación de los centros que trata a personas dependientes, han informado las Cortes de Aragón en una nota de prensa.
Por otra parte, ha expuesto que continúan trabajando “en los proyectos europeos”, “inversiones en equipamientos” para mejorar la atención centrada en las personas y “las residencias de Ateca y Valdefierro”.
En materia de participación e innovación social, Broto ha sostenido que el Departamento está colaborando con la Universidad de Zaragoza y la Universidad Méndez Pelayo en los cursos de verano. Además, ha anunciado que está en proceso “el segundo plan de diversidad cultural”.
VISIÓN GLOBAL
La diputada ‘popular’ Marian Orós ha explicado que esta comparecencia, en el inicio del periodo de sesiones, “nos da una visión de cómo están los servicios sociales y podemos conocer cuáles son las prioridades”.
Se ha centrado en las personas dependientes y ha reclamado “mejorar en la calidad del servicio, en las horas y en el pago a las trabajadoras que ayudan a domicilio”. Orós se ha referido también a las residencias, a las mascarillas defectuosas, a la inclusión y la ayuda a las familias vulnerables. En cuando a la normativa, ha asegurado que Ley del Tercer Sector “no le gusta a nadie” y ha confiado en que no llegue a las Cortes “sin tenerla consensuada”.
La parlamentaria del PSOE, Pilimar Zamora, ha dicho que “espués de tres años de legislatura, una pandemia y una guerra”, lo único que no ha cambiado es la posición del PP “que sigue tergiversando los datos” y ha valorado tener “un sistema de prevención fuerte, que se reforzó desde 2015 en la primera legislatura del PSOE”.
La diputada de Ciudadanos, Loreto Camañes, ha calificado de buena medida la puesta en marcha de la Comisión de trabajo de Pobreza infantil y ha preguntado por las líneas de actuación. También ha considerado acertada la ayuda de 200 euros, si bien ha expresado dudas “sobre cómo se va a implementar”.
La representante de Podemos, Vanesa Carbonell, ha afirmado que este Gobierno, “más que nunca, está ayudando a la ciudadanía, y estamos poniendo en marcha medidas”, como el aumento del 15% de la prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital.
NO ES CASUALIDAD
La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha señalado que el aumento de presupuesto del Departamento de Ciudadanía “no es casualidad, sino una voluntad política” porque la acción de Gobierno “debe limar desigualdades” y sobre todo proteger a las personas y a las familias “más vulnerables”.
El parlamentario de VOX, David Arranz, ha considerado que muchas de las medidas propuestas, como el bono de 200 euros, “son más efectistas que efectivas”, ha advertido de que las economías domésticas “están muy tocadas” y ha pedido “una estrategia y una visión global para afrontar los problemas”.
La representante del PAR, Esther Peirat, ha comentado que en los últimos años “se asiste a un escenario muy difícil” para las familias y las empresas aragonesas, si bien se han llevado a cabo numerosas medidas y se está trabajando en muchas otras “con proyectos que se están desarrollando”.
El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha opinado que se debería poder hablar “de un modelo global, pero la consejera no quiere”, y ha considerado que el actual, que data de 2009, “es absolutamente insuficiente”.
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