La pena que se impondrá a este psicólogo, a falta de que se concreten los detalles el lunes, rondará los cinco años y medio de cárcel
VITORIA, 28 (EUROPA PRESS)
Un cuarto acusado por el caso de abusos y corrupción de menores tutelados por la Diputación Foral de Álava ha alcanzado un acuerdo con las acusaciones y se ha reconocido culpable de los delitos que se le imputan, por los que –a la espera de que el próximo lunes se concrete la pena– se le impondrá una condena de en torno a cinco años y medio de prisión.
El acuerdo con este acusado, psicólogo de profesión, se produce después de que en la primera jornada del juicio por estos hechos, que se produjeron en 2016 y que afectaron a menores de edad tutelados por la Diputación Foral en el centro de Sansoheta (Álava), otros tres imputados pactaran con las acusaciones una reducción de sus penas a cambio de reconocer su culpabilidad.
De esta forma, ya son cuatro de los diez acusados los que han asumido su responsabilidad a través de acuerdos con las acusaciones. En el caso de este psicólogo, se ha reconocido culpable de dos delitos de corrupción de menores y de un delito de abuso sexual a un menor.
Fuentes de las acusaciones han explicado que aunque los detalles de la condena que se impondrá a esta persona se conocerán el próximo lunes, la pena se situará en torno a los cinco años y medio de prisión.
La segunda sesión de este juicio se ha desarrollado a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Álava, dado que además de la declaración de este acusado, se ha empezado a recoger el testimonio de las víctimas, que en el momento de los hechos eran menores de edad.
El menor que ha prestado declaración este miércoles ha explicado –según han informado fuentes cercanas al caso– que ninguno de los acusados le solicitó que acreditara que era mayor de edad, ni trató de realizar averiguaciones para determinar si tenía 18 años o más.
También han declarado como testigos varios ertzainas, que han afirmado que, en el caso concreto de este joven, su mero aspecto físico y su forma de hablar evidenciaban que se trataba de un menor.
Las acusaciones han renunciado a tomar declaración a otros menores, dado que sus testimonios se referían a acusados que ya han reconocido los hechos. En la sesión de este jueves, que también será a puerta cerrada, declararán otros seis menores víctimas de corrupción y abusos sexuales.
En declaraciones a los periodistas previas al inicio de la sesión, José Miguel Fernández, abogado de la Asociación Clara Campoamor, que ejerce como acusación popular, ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de plantear alguna actuación respecto a la Diputación Foral de Álava, pese a que en el auto de apertura de juicio oral no se imputa responsabilidad alguna a esta institución por lo ocurrido a los menores que tutelaba.
“RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA” DE LA DIPUTACIÓN
“Veremos el resultado de las pruebas, pero es evidente que si todos los padres son responsables subsidiarios de lo que hacen sus hijos, en este caso la Diputación, que es la tutora, debería ser responsable subsidiario de lo que han hecho sus tutelados, los menores”, ha indicado.
Fernández también se ha referido a la petición planteada por las defensas para la anulación de las fotografías de los menores como prueba. Estas imágenes han sido empleadas por las acusaciones en la primera sesión del juicio, celebrada este pasado lunes, para acreditar que el mero aspecto físico de estos jóvenes evidenciaba que se trataba de menores de edad.
El abogado de la Asociación Clara Campoamor ha afirmado que “simplemente observando las fotografías, se ve claramente que nadie con esos rasgos físicos te puede decir que es mayor de edad”. “Precisamente por eso, se esperaba que [las defensas] las impugnasen”, como pruebas, ha afirmado.
En todo caso, Fernández ha subrayado que se trata de imágenes “totalmente autorizadas, con unos autos y resoluciones totalmente motivadas”, por lo que cree “muy difícil” que puedan ser anuladas como pruebas.
SERVICIOS SOCIALES “DESBORDADOS”
Por otra parte, respecto a la situación en la que se encontraba el centro Sansoheta –actualmente clausurado– ha afirmado que “da la impresión” de que, al igual que otros servicios sociales, podía estar “desbordado”.
“Cada vez hay menos dinero para lo público”, ha indicado, a lo que ha añadido que esto se traduce en que existan “menos” recursos para cuidar a los menores tutelados por las instituciones.
Fernández ha recordado que en su día solicitó la constitución de una comisión especial, en el seno de las Juntas Generales de Álava, para analizar este asunto, pero que aquella propuesta fue rechazada a la espera de conocer el resultado del juicio.
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