La Organización Mundial contra la Tortura acusa a las autoridades y a milicias libias de ejecuciones y torturas
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Las autoridades de Libia y las milicias presentes en el país han estado detrás del asesinato de más de 580 civiles entre enero de 2020 y marzo de 2022, según ha denunciado la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), que ha señalado que la cifra incluye a ejecutados en cárceles y personas torturadas hasta la muerte.
“Los casos que hemos podido documentar representan únicamente la punta del iceberg”, ha dicho el secretario general de la OMCT, Gerald Staberock. “Las ejecuciones extrajudiciales de civiles indefensos, a menudo acompañadas de terribles torturas, son ahora endémicas en Libia dado que agentes gubernamentales y milicias armadas desatan una violencia indiscriminada con total impunidad”, ha señalado.
Así, Staberock ha hecho hincapié en que “el mundo no puede mantener una postura complaciente y permitir que estos crímenes atroces se conviertan en la nueva normalidad”. Del total de los 581 civiles asesinados, 487 murieron en las zonas norte, este y oeste del país, mientras que el resto fueron asesinados en regiones del sur. La cifra se suma a las fosas comunes halladas en Tarhuna tras las matanzas en abril de 2019.
El informe, titulado ‘Esa fue la última vez que vi a mi hermano’, se fundamenta en entrevistas llevadas a cabo durante los últimos dos años a testigos y supervivientes por parte de la Red Libia Contra la Tortura (LAN), un grupo de organizaciones de la sociedad civil libia.
“Los casos documentados fueron perpetrados por varios actores y milicias en el país”, ha señalado la OMCT en su informe, donde detalla que las muertes se han debido a “ataques indiscriminados contra zonas residenciales”, “ejecuciones en instalaciones de detención”, “muertes por tortura bajo custodia” e “instancias en las que se hallaron cuerpos tirados”.
De esta forma, ha resaltado que “el elemento unificador en estos contextos diversos es un clima de casi total desprecio por el Estado de Derecho en el que los responsables pueden contar con que tienen total impunidad”.
“Es un clima en el que la justicia no sólo no se aplica, sino que se bloquea de forma activa, y en el que las víctimas y sus familias no tienen a dónde ir para disfrutar de protección o acceso a la ayuda o la rehabilitación”, ha explicado.
“Por el contrario, las víctimas, sus familias o testigos potenciales, abogados y los que documentan las violaciones hacen frente a un riesgo enorme y permanente por represalias en un ambiente descrito como ‘normas de la milicia'”, ha desvelado.
La organización ha destacado que la LAN “no pudo verificar todas las denuncias recibidas”, si bien ha ensalzado que “pudo documentar miles de casos de tortura y cientos de muertes de ejecutados de forma arbitraria o víctimas de desapariciones forzosas que luego fueron asesinatos”.
“La LAN ha recibido además información sobre la muerte de 99 civiles en 2020 como resultado probable de ataques indiscriminados con armamento pesado, en violación de las normas del conflicto armado, contra zonas residenciales en Trípoli, Zliten, Joms, Sirte, Sabha y Ubari. Estas muertes no son discutidas en el informe debido a la dificultad de verificar toda la información”, ha apuntado.
Por último, ha alertado de que “el predominio de estos crímenes, la mayoría de los cuales no han sido investigados, por no hablar de juzgados o castigados, lleva a una mayor impunidad para los responsables y refuerza el sentimiento generalizado de vulnerabilidad entre la población”.
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