Prevé que el texto, que amplía el alcance y las competencias de la futura autoridad, se envíe a las Cortes este otoño
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Asuntos Económicos ha enviado a los organismos de consulta el proyecto de ley de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero con las modificaciones realizadas tras la fase de audiencia pública y prevé que el texto pueda iniciar su tramitación parlamentaria este mismo otoño, según fuentes de Economía consultadas por Europa Press.
El Consejo de Ministros aprobó en abril el anteproyecto de ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que se encargará de resolver las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras.
El anteproyecto recibió más de 100 aportaciones durante el proceso de consulta pública. Una vez finalizado, el Ministerio de Asuntos Económicos ha incorporado una serie de modificaciones que amplían el alcance y las competencias de la futura autoridad, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y la protección del cliente financiero.
El proyecto de ley, con sus novedades, ha sido enviado a los organismos de consulta. Así, Economía ha solicitado el informe del Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como el dictamen del Consejo de Estado, para que el texto pueda ser aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y ser remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria, que se espera que pueda comenzar este mismo otoño, dado que es una de las reformas prioritarias para el departamento que dirige Nadia Calviño.
Tal y como adelanta ‘El Periódico’, el proyecto mantiene sin cambios elementos como que las resoluciones de la nueva autoridad serán vinculantes para la entidad financiera cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros y que será gratuita para los clientes, mientras que las entidades financieras tendrán que pagar una tasa de 250 euros por cada reclamación admitida, que servirá para financiar la nueva autoridad.
PRINCIPALES NOVEDADES DEL PROYECTO
En cuanto a las principales novedades que Economía ha incorporado al proyecto de ley, se refuerza el papel de los códigos de buenas prácticas de autorregulación del sector financiero y se asimilan a las normas de conducta, de manera que se generan obligaciones exigibles para las entidades que hayan decidido suscribir estos protocolos.
También se amplía el espectro de entidades financieras que podrán ser objeto de reclamaciones por parte de los clientes, incorporando al ámbito de actuación los prestamistas de crédito al consumo, independientemente de si son supervisados por el Banco de España o por las autoridades de consumo de las comunidades autónomas.
Asimismo, se extiende el tipo de reclamaciones que los clientes pueden presentar. Así, los usuarios podrán reclamar por la falta de información o la falta de apertura de una cuenta de pago básica, así como por los posibles incumplimientos de la autorregulación del sector financiero.
El nuevo texto refuerza los instrumentos para garantizar la inclusión financiera mediante la atención personalizada a las personas mayores, con discapacidad o pertenecientes a colectivos vulnerables que deseen presentar reclamaciones.
Los ciudadanos podrán presentar sus reclamaciones por canales presenciales, telefónicos o telemáticos para el servicio de asistencia en la interposición de reclamaciones, sin que exista un formulario obligatorio, con el fin de flexibilizar la gestión de las reclamaciones.
Finalmente, con el fin de agilizar la resolución de los conflictos, el proyecto de ley recoge la posibilidad de someterse a un mecanismo de conciliación, aun cuando el cliente ya haya presentado la reclamación ante la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
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