VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Elena Bastidas, ha censurado los “impagos millonarios” de la Conselleria de Igualdad “ahogan” a los centros de menores con “contratos expirados”.
Bastidas, en un comunicado, ha criticado el “continuo retraso” por parte de la Conselleria en los pagos de los 21 centros que tienen sus contratos expirados y ha concretado que la Administración autonómica “adeuda 16,7 millones de euros a seis entidades de iniciativa social y sin ánimo de lucro por la gestión de hogares de acogida y residencias socioeducativas”.
“Estos impagos ponen en riesgo la supervivencia de estas entidades sin ánimo de lucro que tienen problemas para hacer frente a los salarios de las plantillas y a los gastos”, ha alertado.
La portavoz ‘popular’ ha considerado que “no puede ser” que el Consell “lleve arrastrando durante años este problema”, por lo que ha instado al Ejecutivo valenciano a adoptar “de forma inmediata” un mecanismo presupuestario para cubrir todas las subvenciones adscritas a estos centros y para “tener al día los contratos que expiran”.
“Tanto el Síndic de Greugues como Antifraude ya han exigido a Igualdad que atienda estos pagos, pero hacen caso omiso y siguen sin resolver la situación. Es intolerable que dejen de pagar lo adeudado”, ha insistido Bastidas.
Así, se ha preguntado “qué pasaría si los consellers no hubieran cobrado su salario desde octubre del año pasado”. “Es escandalosa la situación mientras Ximo Puig y Aitana Mas no dicen nada, no sabemos si por desconocedores o por indolentes”, ha expresado.
En este punto, Elena Bastidas ha pedido a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, que “solvente de una vez los retrasos en la gestión y normalización de los contratos públicos pertinentes y proceda a abonar las deudas”.
“Puig ahoga a estas entidades que atienden a más de medio millar de niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable que se encuentran en el sistema de protección o cumpliendo medidas judiciales”, ha censurado.
“Estos retrasos se suman a las deudas millonarias a entidades sociales que desarrollan programas de atención a las personas con discapacidad, problemas de salud mental, enfermedades neurodegenerativas, colectivos vulnerables, tercera edad y personas en riesgo de exclusión social”, ha concluido.
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