SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
La recaudación neta del Impuesto sobre el Patrimonio ha crecido un 8,25% en Andalucía en siete meses de este año 2022 en comparación con todo el ejercicio 2018, último donde hubo un gobierno socialista al frente de la Junta de Andalucía.
De enero a julio de este año la Junta de Andalucía acumula una recaudación neta de 85,49 millones de euros mientras que en todo el ejercicio 2018 los ingresos generados por el Impuesto sobre el Patrimonio fueron de 78,97 millones de euros, 6,5 millones más en estos momentos, con el ejercicio por concluir y cuando el Gobierno andaluz acaba de aprobar el Decreto-ley 7/2022 por el que bonifica al 100% la liquidación del impuesto que se haga en 2023 sobre este ejercicio.
El Gobierno andaluz modificará la Ley de Tributos Cedidos de la Comunidad para que en el caso del Impuesto sobre el Patrimonio “con posterioridad a las deducciones y bonificaciones reguladas por la normativa del Estado se aplicará, sobre la cuota resultante, una bonificación autonómica del 100% de dicha cuota si esta es positiva”.
Según los datos de la Intervención General de la Junta de Andalucía a los que ha accedido Europa Press, la previsión inicial para este 2022 es que el Gobierno andaluz ingrese 103,19 millones de euros por este tributo.
En 2018 la previsión de ingresos de Andalucía por Impuesto sobre el Patrimonio fue de 85,99 millones, prácticamente la misma cantidad que de enero a julio de este año ha recaudado ya la Comunidad Autónoma.
Las estadísticas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) señalan 2020 como el último ejercicio que ofrece datos sobre el número de declarantes, los ingresos obtenidos y la cuota media.
En 2020 fueron 16.785 los contribuyentes del impuesto en Andalucía, los ingresos fueron de 93,34 millones mientras que la cuota media fue de 5.561.
Según los datos de la AEAT, Andalucía fue en 2020 la tercera región con 93,34 millones en cuanto recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio tras Cataluña (221,78 millones de euros) y Comunidad de Madrid (201,82 millones).
En el ejercicio 2018, según los datos de la Agencia Tributaria, el número de declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio fueron 16.048, el ingreso fue de 81,86 millones y la cuota media de 5.101 euros.
En la comparativa andaluza entre 2022 y 2018 son un 4,59% más de contribuyentes mientras que la cuota tributaria ha crecido un 9%.
“ATRAER MÁS TALENTO CON CAPACIDAD INVERSORA”
En la literatura del Decreto-ley 7/2022 el Gobierno andaluz argumenta que con la bonificación al 100% de la cuota del impuesto persigue “atraer a la Comunidad Autónoma de Andalucía más talento con capacidad inversora” y a partir de ahí fomentar “la actividad económica andaluza y la creación de empleo”.
A juicio del Ejecutivo autonómico, esta figura tributaria “ha influido negativamente en la consecución del objetivo descrito”, al tiempo que alude la competencia existente por cuanto “ya no existe en otros países de la Unión Europea o en la Comunidad de Madrid”.
“Con la supresión de la tributación efectiva del Impuesto sobre el Patrimonio, se pretende que las personas físicas establezcan en Andalucía su residencia fiscal”, esgrime la Junta de Andalucía.
El Gobierno andaluz trabaja con la idea al conseguir futuros contribuyentes por IRPF “compensar la pérdida recaudatoria por el Impuesto sobre el Patrimonio con el incremento de recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.
Con el referente de “las poco halagüeñas perspectivas económicas a medio plazo anunciadas a nivel mundial y la inflación en España, donde la tasa de variación anual del IPC en el mes de agosto ha sido del 10,5%”, la Junta de Andalucía apela al uso del decreto-ley por “la extraordinaria y urgente necesidad de la adopción de esta medida”.
“La no utilización del decreto ley para la aprobación de esta medida en el Impuesto sobre el Patrimonio conllevaría una demora de un año en su aplicación por los contribuyentes andaluces, es decir, hasta la declaración correspondiente al ejercicio 2023, a efectuar en 2024, siendo tal consecuencia indeseable y contraria al objetivo principal de la norma”, remacha su argumentación el Ejecutivo autonómico.
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