VALLADOLID, 22 (EUROPA PRESS)
El Comisionado de Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, ha reclamado hoy contar con los instrumentos jurídicos oportunos, incluidas multas coercitivas, con el fin de que los ciudadanos puedan ver garantizado su derecho de acceso a información ante las administraciones públicas.
Así lo ha vuelto a reclamar Quintana durante su comparecencia ante las Cortes durante la exposición de la Memoria del Comisionado de Transparencia de 2021, ejercicio en el que recibió 495 reclamaciones–166 más que el año anterior–y adoptó 260 resoluciones–nueve más que en 2020–, la cifra también más elevada desde la creación de dicha entidad.
Y es que “la transparencia ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una demanda y una exigencia de los ciudadanos. Es una cuestión esencial el derecho a saber de los ciudadanos”, ha enfatizado el Comisionado de Transparencia, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante la que es ya su sexta memoria expuesta en sede parlamentaria y en la que ha reconocido que se están dando pasos tras la aprobación de la Ley de Transparencia estatal y las autonómicas.
Con independencia de su actividad propiamente dicha, Quintana ha reiterado su lamento ante la deficiente regulación de algunos de los instrumentos jurídicos previstos para el ejercicio de las funciones de garantía de transparencia atribuidas tanto al Comisionado, en su labor de evaluación de la publicidad activa, como a la Comisión de Transparencia, “entre los que destacadamente se halla la falta de un instrumento jurídico que contribuya a hacer efectiva la ejecutividad de las resoluciones de este órgano colegiado, así como, en ambos casos, la falta de medios específicos para realizar las funciones inherentes a la condición de garantes de la transparencia en la Comunidad”.
Así, se ha mostrado partidario de implementar multas coercitivas contra las administraciones no cumplidoras de sus resoluciones, tras constatar que año a año se incrementa el número y ante ello únicamente pueden publicar ese incumplimiento en su página electrónica y hacerlo constar también en la memoria anual.
Como evidencia de lo denunciado, Quintana ha explicado que cuando finalizó la elaboración de la Memoria correspondiente a 2021, es decir, el pasado 15 de julio, más de una de cada tres resoluciones adoptadas en ese año aún se hallaban pendientes de ser cumplidas; y respecto al año 2020, a esa misma fecha, sin haber sido recurridas judicialmente, todavía se hallaban sin cumplir casi una de cada tres resoluciones emitidas en ese año.
“Como fácilmente comprenderán sus señorías, si una resolución de la Comisión de Transparencia, en la que se reconoce el derecho de un ciudadano a acceder a determinada información pública, no es cumplida en sus propios términos por la entidad destinataria de aquella, se frustra el derecho de acceso y, por ende, la propia función del órgano de garantía”, ha advertido Quintana, de ahí que volviera a insistir en la necesidad de incorporar la multa coercitiva como medio de ejecución forzosa de sus resoluciones, en la línea de lo que han hecho algunos ordenamientos autonómicos.
FALTA DE COLABORACIÓN
En su alocución, Quintana también ha incidido en las dificultades de la tarea realizada ante el elevado número de sujetos obligados en nuestra Comunidad por la normativa de transparencia, pues son más de 5.000 contando exclusivamente las administraciones públicas, la mayor parte de ellas pequeñas entidades integrantes de la Administración local, y, de otro lado, por la carencia de mecanismos formales y de medios personales y materiales específicos para el desempeño de esta función.
Por ello, ha apuntado que para la realización de esta evaluación es preciso contar con la colaboración de administraciones y entidades afectadas, en concreto mediante la cumplimentación por parte de estas de cuestionarios de autoevaluación elaborados y puestos a su disposición por el Comisionado de Transparencia, y en este sentido ha desvelado que en 2021 se remitieron 111 cuestionarios de autoevaluación de publicidad activa adaptados a las obligaciones previstas para cada grupo de los sujetos destinatarios, que en muchos casos no tuvieron respuesta.
“Un 57 % de las entidades a las que nos hemos dirigido nos han remitido el cuestionario cumplimentado, cifra que supone un ligero descenso en cuanto al grado de colaboración que se nos prestó el año anterior. Resulta especialmente llamativo que cinco ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, uno de ellos capital de provincia, no hayan colaborado con la cumplimentación del correspondiente cuestionario de autoevaluación; y también lo es que de los 60 ayuntamientos de más 5.000 habitantes a los que nos hemos dirigido solicitando su colaboración para, en cumplimiento de nuestras funciones, elaborar la Memoria, hayan cumplido con su obligación 26, es decir menos de la mitad.
VOX CONTRARIO A INCREMENTAR EL GASTO
Su demanda de más medios materiales y personales, junto con la aprobación de multas coercitivas contra los incumplidores, ha sido tomada en consideración por los portavoces del Grupo Mixto, Pablo Fernández; UPL-Soria Ya, Juan Antonio Palomar Sicilia, y del PSCyL, Patricia Gómez, no así el portavoz de Vox, Miguel Suárez, basado en el principio de “contención en el gasto” en el primer caso y, respecto a contar con nuevos instrumentos jurídicos, al abogar por un “protocolo de actuación” que ante el incumplimiento de resoluciones remita finalmente el caso a la Fiscalía para el inicio de acciones penales.
El portavoz del PP, José Luis Sanz Merino, por su parte, considera que más que escasa colaboración de las administraciones locales, el problema de fondo radica en la falta de personal cualificado y de secretarios, de ahí su llamamiento al Gobierno central para que convoque una oferta pública de empleo a fin de atajar el problema, especialmente en los pequeños ayuntamientos.
En cuanto a la Memoria de 2021 propiamente dicha, del total de 495 reclamaciones recibidas, 373 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 75,4 por ciento), de las que 310 correspondieron a ayuntamientos, 47 a entidades locales menores, 15 a diputaciones provinciales y una a una mancomunidad.
Casi una cuarta parte de las reclamaciones dirigidas a entidades locales fueron presentadas por cargos representativos de las mismas (121), de las cuales 94 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos, 24 por vocales de juntas vecinales y tres por diputados provinciales. En cambio, 107 reclamaciones se presentaron frente a la Administración autonómica.
La causa de 379 de las reclamaciones planteadas–tres de cada cuatro–fue la ausencia de respuestas a las peticiones de información hechas ante las propias administraciones.
En el caso de las 116 formuladas frente a denegaciones expresas de la información, los motivos argumentados para ello de forma más frecuente fue la protección de datos personales, el carácter abusivo de la petición, la necesidad de volver a elaborar la información solicitada y el perjuicio para intereses económicos y comerciales.
Cuatro de las materias que dieron lugar a un mayor número de impugnaciones ante la Comisión de Transparencia fueron las relativas a las actuaciones de carácter urbanístico, empleo público, la información económica y de contratación, así como la protección del medio ambiente.
La Comisión adoptó también 260 resoluciones en 2021 (nueve más que el año anterior). De estas, 148 fueron estimatorias y 51 tuvieron como contenido la declaración de la desaparición del objeto de la reclamación, al ser concedida la información cuya denegación había sido impugnada.
En cuanto al resto de resoluciones, 33 fueron de inadmisión, ocho tuvieron un sentido desestimatorio y 20 declararon el archivo de la reclamación por otras causas.
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