SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, se ha reunido este jueves con la nueva consejera de Salud y Consumo de la Junta, Catalina García, en la que la consejera ha informado que los técnicos están elaborando un informe para poner en marcha en Huelva un servicio Materno Infantil que “contará con las últimas tecnologías, la mejor maquinaria médica”, así como que “se contratará al personal necesario para cubrir las necesidades de la población onubense”, por lo que estará a “la vanguardia” de Andalucía.
Así lo ha indicado el sindicato en una nota de prensa que ha señalado que esta ha sido la respuesta a las reivindicaciones del UGT, ante la falta de un hospital materno infantil en esta provincia.
En este sentido, han apuntado que Catalina García “ha reconocido que cuando se creó el hospital Juan Ramón Jiménez ya nació pequeño” y que “hay que hacer un estudio de necesidades reales”, toda vez que “ha reconocido que hay que mejorar otros servicios, y hacer promoción y prevención de la salud, haciendo sinergia con otras consejerías como la de Inclusión Social”.
En la reunión han participado también, por parte de la Junta, el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas, y el viceconsejero, Miguel Ángel Guzmán, quien ha planteado que “hay que dejar de pensar ya en hospitales de pabellones”, y “cambiar la mentalidad para implantar hospitales del siglo XXI, con todos los servicios que demandan los ciudadanos”.
Por parte de UGT Andalucía, el secretario del sector sanitario, Antonio Macías, ha coincidido en que “lo importante es que se ponga en marcha un área Materno Infantil en Huelva, con todos los recursos humanos y materiales necesarios”.
La consejera de Salud ha asegurado que “no sólo Huelva tiene déficit en algunos servicios sanitarios”, y se ha referido también a Almería y Jaén, por lo que están haciendo un “estudio de necesidades” para “ampliar servicios que atiendan correctamente a los pacientes de estas provincias”.
Otra de las preocupaciones que ha expresado Carmen Castilla, han sido las agresiones que sufre el personal sanitario en los centros de salud y ha pedido una regulación específica en Andalucía, que proteja a estos profesionales.
“El personal sanitario debe de ser considerado como autoridad pública ya que, aunque sí hay precedentes de este reconocimiento en las sentencias a nivel nacional, no hay ninguna ley andaluza que desarrolle este concepto”, ha señalado.
El gerente del SAS, Diego Vargas, ha anunciado que los técnicos del Servicio Andaluz de Salud están preparando un borrador de lo que podría ser esa futura ley andaluza, mientras que responsables de la Consejería y de UGT se han comprometido a que, cuando se convoquen actos de protesta por agresiones a sanitarios, convocarán y participarán juntos en dichos actos.
La secretaria general de UGT Andalucía también ha puesto encima de la mesa, la “necesidad” de mantener los 12.000 trabajadores sanitarios que fueron contratados como puestos Covid, y cuyo contrato prorrogado termina a final de año.
A este respecto, la consejera de Salud se ha comprometido a “darles continuidad, bien en puestos estructurales del SAS, bien en puestos de nueva creación en los hospitales y centros de salud que se van a abrir próximamente, como Estepa, Cazorla, Lepe o Palma del Río, o bien en las sustituciones que se necesitan cubrir, por distintas circunstancias, del personal fijo”.
En la reunión, el responsable sanitario de Servicios Públicos UGT-A se ha referido a las consultas de acogida, atendidas por personal de enfermería, puestas en marcha en la anterior legislatura, al entender que es un servicio en el que “para que funcionen correctamente, hay que mejorar cuestiones que tienen vital importancia para los profesionales, como son un plan de formación para las nuevas funciones que ejercen, así como una normativa que les dé seguridad jurídica”. Macías considera que es “fundamental” que dichos temas se regulen en la Mesa Sectorial.
Por parte de UGT Andalucía, también han participado en el encuentro Óskar Martín, de Institucional, Fernando Morillo, de Comunicación, y Ramón Sánchez-Garrido, de Política Social. Este último, médico de profesión, ha planteado la problemática que se plantea de falta de médicos, ya que, de aquí a cinco años, hay previstas 6.700 jubilaciones, lo que “equivale a un tercio de la plantilla actual”.
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