MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
Amnistía Internacional (AI) criticó este miércoles las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los incidentes ocurridos entre Melilla y Marruecos el pasado 24 de junio y lamentó que, casi tres meses después, el Gobierno sigue sin facilitar información y sin aclarar muchas dudas.
Según la investigadora sobre Refugio y Migración de AI, virginia Álvarez, “los intentos de Marlaska (hoy en el Congreso de los Diputados) de justificar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas y marroquíes asegurando que fue una entrada irregular violenta son muy preocupantes”.
“Por un lado asegura que somos un país solidario y acogedor, pero es difícil defender algo así cuando se ven las imágenes de los sucedido”, subrayó.
Álvarez agregó que “el derecho de los Estados para controlar sus fronteras del que habla el Ministro tampoco justifica ese desproporcionado uso de la fuerza con el que actuaron los agentes”.
A su juicio, “las aseveraciones de que se garantizó el acceso a procedimientos para personas vulnerables son directamente falsas, pues sabemos que hubo devoluciones en caliente”.
“Hemos pedido información sobre diferentes cuestiones, entre ellas el acuerdo de cooperación entre las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes bajo el cual las fuerzas de seguridad del país vecino tienen competencia para actuar en territorio español, y también acerca del número total de personas migrantes y solicitantes de asilo expulsadas sumaria y colectivamente en la frontera el pasado 24 de junio”,aseguró.
“Marlaska tampoco ha respondido sobre qué tipo de material antidisturbios y gases lacrimógenos se utilizaron durante los acontecimientos”, insistió, ni “ha aclarado si se estableció algún tipo de dispositivo de asistencia sanitaria para las personas que durante horas permanecieron heridas en el Barrio Chino”.
”Nos inquieta de manera especial por qué no se hizo o no se ofreció dicha asistencia a los heridos y quién va a asumir la responsabilidad sobre todas estas cuestiones”. En definitiva, “han pasado casi tres meses desde lo que ha supuesto la mayor tragedia en la Frontera Sur en los últimos 30 años sin que la respuesta del Gobierno español haya sido la adecuada. Esta tragedia no solo no debe repetirse nunca más, sino que no puede quedar impune”, concluyó.
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