SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
El centro tecnológico de Palmas Altas, sede de la multinacional sevillana Abengoa, declarada en concurso voluntario de acreedores tras cerrar 2019 con una deuda de 4.783 millones de euros, casi 6.000 millones contando deudas de proyectos en venta; ha acogido hace pocos días una asamblea de trabajadores promovida por los comités de empresa de las diferentes sociedades que componen el grupo, después de que la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil ratificase el pasado mes de julio la apertura de la fase de liquidación en el marco del concurso de acreedores.
Según UGT, que participa en los comités de empresa, la asamblea fue destinada a “informar sobre las reuniones de la comisión técnica del grupo de trabajo constituido para desarrollar las gestiones correspondientes a las diferentes alternativas para conseguir el mantenimiento de la actividad de la compañía y la búsqueda de inversores industriales que proyecten una oferta viable para el futuro de la compañía”.
En el marco de dicho grupo de trabajo, el Gobierno central y la Junta de Andalucía acordaron en julio “acotar” a unas 300 filiales de la multinacional Abengoa el número de entidades satélite susceptibles de ser salvadas, una operación que requerirá del aval de las autoridades europeas.
Ello, tras no prosperar la oferta del fondo estadounidense Terramar de inyectar 200 millones de euros en Abenewco1, para hacerse con el 70 por ciento del capital social de esta filial que concentra la mayor parte de las líneas de negocio del grupo, operación que estaba conectada a su vez una petición de rescate a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para captar 249 millones de euros a favor de Abenewco1 y reflotar así a la multinacional.
En ese contexto, UGT asegura que “se están produciendo un número importante de reuniones de estos inversores interesados en la adquisición de Abengoa, tanto con el Ministerio de Industria, como con el consejo de administración de Abenewco 1, y además como principal baluarte de garantía como es la administración concursal”, ejercida por Ernst & Young Abogados (EY).
Desde UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce como secretario general y miembro de esa comisión técnica junto a Noelia Sánchez, presidenta del comité de Abenewco, y el resto de sindicalistas del resto de comitéz que están presentes en dichas reuniones, se defiende que hay “buenas sensaciones en el camino de las soluciones, manteniendo la prudencia hasta que la solución definitiva sea una realidad”.
“La representación social está exigiendo en las reuniones, una solución global para todo el perímetro de actividad de la compañía, y el mantenimiento del empleo en su totalidad”, ha indicado Manuel Ponce.
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