Las dificultades para obtener datos complica el trabajo para cambiar la ley de los autónomos
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS).
La inversión extranjera ha formalizado en Andorra operaciones por valor de 930 millones de euros en los últimos 10 años.
Las cifras las ha dado a conocer el ministro de Presidencia, Economía y Empresa, Jordi Gallardo, durante una comparecencia pública este martes en la comisión legislativa de Economía, en la cual ha aprovechado para responder a las preguntas de los consellers generals (diputados) que habían quedado pendientes de la exposición que hizo la semana pasada sobre los cambios en la ley de inversión extranjera.
Aunque considera “positivas” las cifras, ha remarcado que se trata solamente de la inversión formalizada y no la realizada, es decir, la que el inversor manifiesta que hará y que se da por hecho que se cumple.
No obstante, se ha vuelto a poner de manifiesto la poca información de que dispone el Gobierno en cuanto a si realmente se cumplen las intenciones iniciales y la repercusión que acaba teniendo la inversión extranjera en el país.
En este sentido, Gallardo ha insistido en que los cambios legislativos anunciados la semana pasada permitirán analizar y seguir de forma más exhaustiva estas inversiones.
El titular de Economía ha detallado también que el impacto que ha tenido la inversión de fuera del país en el Producto Interior Bruto (PIB) durante el 2021 fue del 18,2%, mientras que el 2019 –último año sin pandemia– fue del 9,1%, y el 2020 del 5,5%.
AUTÓNOMOS
Fuera de las preguntas pendientes, Jordi Gallardo ha centrado la comparecencia en explicar el proyecto de ley de medidas para los trabajadores por cuenta propia.
El texto, que lo presentó ante los medios de comunicación hace un par de semanas, prevé, como una de las novedades más destacadas, la creación de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, una figura que se considera que quizás es incipiente en el Principado pero que se cree que llegará.
La voluntad es dar más seguridad jurídica para desarrollar su trabajo y es por este motivo que la normativa establece este nuevo régimen para las persones que hacen una actividad y que por lo menos un 80% de sus ingresos dependen de un solo cliente, o los administradores que son socios únicos de sociedades mercantiles y reciben por lo menos este 80% de sus ingresos de actividades económicas o profesionales.
El ministro ha reconocido que el proyecto de ley se ha retrasado por las dificultades a la hora de obtener datos concretos sobre el colectivo de autónomos y que ha supuesto más de un año de trabajo.
Gallardo ha hablado de “barreras” que tienen que superar todas las administraciones del país para poder disponer de datos, y considera esencial que se puedan compartir datos para promover políticas públicas.
Como ejemplo ha citado las dificultades para calcular el impacto económico que puede tener la aplicación de la ley y que con la información finalmente obtenida se ha podido cifrar en 2,2 millones de euros.
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