MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El embajador de Etiopía ante la ONU en Ginebra, Zenebe Kebede, ha asegurado este martes que el informe elaborado por expertos de Naciones Unidas, que acusa al Ejército etíope de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad en la región etíope de Tigray (norte), tiene motivaciones políticas.
“El informe sobre violaciones de Derechos Humanos en Etiopía tras el conflicto en el norte de Etiopía está planificado de antemano, tiene motivaciones políticas y no cumple el propósito de responsabilizar a los perpetradores”, ha señalado en su perfil oficial de Twitter.
En este sentido, ha calificado el tratamiento de los Derechos Humanos a nivel global, en foros multilaterales, como un “fútbol político”. “El informe es una demostración de ello”, ha resaltado en otro mensaje en la misma red social.
De esta forma, Kebede ha asegurado que en informe de los investigadores de Naciones Unidas utiliza los Derechos Humanos como un arma para la presión política, cerrando así “todas las puertas” para la cooperación con el Gobierno etíope”.
INFORME DE LOS EXPERTOS DE DDHH SOBRE ETIOPÍA
La Comisión Internacional de Expertos de Derechos Humanos de la ONU ha indicado en un informe que “hay motivos razonables para creer que violaciones como ejecuciones extrajudiciales, violaciones, violencia sexual y muerte por hambre de la población civil como medio de guerra han sido cometidos en Etiopía desde el 3 de noviembre de 2020”.
Así, ha detallado que entre sus conclusiones figuran “fundamentos razonables” para creer que el Ejército etíope estuvo detrás de un ataque con artillería el 28 de noviembre de 2020 contra la capital de Tigray, Mekelle, que causó víctimas entre la población civil.
“Soldados del Ejército etíope cometieron ejecuciones extrajudiciales generalizadas, violaciones y otras formas de violencia sexual y saqueos durante el periodo de siete meses entre el 28 de noviembre de 2020 y el 28 de junio de 2021”, ha denunciado.
Además, ha apuntado al Ejército como responsable de un ataque con dron en enero de 2022 contra un campamento de desplazados que mató e hirió a 60 civiles, antes de responsabilizar al Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) de asesinatos, violaciones y saqueos en Kobo y Chenna entre agosto y septiembre de 2021.
Los investigadores han denunciado que la violencia sexual y de género, y en particular las violaciones, ha sido perpetrada “a una escala abrumadora” desde el inicio del conflicto. “Si bien diferentes comunidades se han visto afectadas, las mujeres y niñas tigrayanas han sido víctimas de una violencia y brutalidad particular”, ha lamentado.
La comisión ha indicado que existen también “indicios razonables” para pensar que “el Gobierno federal y los gobiernos regionales aliados han aplicado un abanico de medidas diseñadas para privar de forma sistemática a la población de Tigray de materiales y servicios indispensables para su supervivencia, incluida sanidad, cobijo, agua, higiene, educación y alimentos”.* La comisión ha reclamado además al Gobierno etíope que garantice un acceso sin restricciones a las organizaciones humanitarias, que se “comprometa” con un proceso de paz y que “investigue y lleve ante la justicia a los miembros de sus fuerzas responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos”.
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