No asistirán a las reuniones del grupo de trabajo si no hay “avances significativos”
BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y la Aliança contra la pobresa energètica (APE) han afeado al Govern el “incumplimiento” del su convenio con Endesa para regular la pobreza energética y han decidido dejar de asistir a las reuniones del grupo de trabajo si no hay –en sus palabras– avances significativos.
La presidenta de La Taula, Francina Alsina, ha mostrado su preocupación este viernes en rueda de prensa porque, un año y medio después del acuerdo, el convenio no se ha desplegado y las familias están “a las puertas de un otoño y un invierno inciertos”.
La portavoz de la APE, Maria Campuzano, ha descrito algunos de los compromisos del convenio que a su parecer no se han comenzado a aplicar de forma generalizada, como condonar la deuda acumulada de las familias de 2021, impulsar el fondo de atención solidaria e instalar contadores sociales.
Respecto a la deuda acumulada entre 2015 y 2020, las 35.000 familias han recibido la carta del Govern que confirma la condonación pero han alertado de que algunas siguen recibiendo notificaciones de la empresa reclamando dicha deuda, aunque ha dicho que “en principio ya está resuelto”.
Ante esta situación, Campuzano ha acusado a la Conselleria de Derechos Sociales de tener una “actitud pasiva” ante esta problemática, y ha pedido que asuma más protagonismo y más liderazgo para alcanzar los acuerdos contemplados en el convenio.
DEUDA ACUMULADA DE 2021
Según Alsina, Derechos Sociales se comprometió en el último encuentro del grupo de trabajo que se celebró a principios de junio a resolver la deuda acumulada de las familias de 2021 antes de las vacaciones de verano.
Han explicado que el Govern aseguró que estas familias recibirían la carta de condonación de la deuda durante el mes de agosto pero tienen “serias dudas” de que se pueda llevar a cabo antes de 2023.
FONDO DE ATENCIÓN SOLIDARIA
Respecto al fondo de atención solidaria, que es el mecanismo con el que se tendría que cubrir los futuros impagos de las familias para que no vuelvan a generar deudas con las empresas suministradoras no está “ni en fase preliminar”, ha dicho Campuzano.
Ha lamentado que, de acuerdo con la posición del Govern de presentar una propuesta en noviembre, la herramienta no estaría disponible antes de 2023, cuando se cumplirían dos años de la firma del convenio y se acumularía la deuda de 2022.
CONTADORES SOCIALES
Respecto a la instalación de los contadores sociales, una medida para garantizar la dignidad de las familias en situación de vulnerabilidad energética y “desincentivar las connexiones irregulares y los riesgos asociados”, Campuzano ha concretado que se han instalado 37.
La portavoz de la APE ha contrastado esta cifra con los 914 contadores sociales de agua que se han instalado en Catalunya.
Además, ha recordado que el Govern se comprometió a ampliar el convenio con el resto de empresas energéticas para llegar, como mínimo, al 85% de los hogares catalanes y ha lamentado que de momento sólo incluye a las familias que tengan contrato con Endesa.
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