SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
Las familias de varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados a cárcel por su papel en el procedimiento específico a través del cual fueron canalizados fondos autonómicos para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas han elevado escritos al Ministerio de Justicia, solicitando el indulto con relación a sus respectivas penas de prisión.
En primer lugar lo hicieron, recordémoslo, los familiares del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a cuenta del sistema de financiación de los ERE, una sentencia condenatoria respecto a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta juzgados por este asunto.
La familia de Griñán formalizó tal extremo ante el Ministerio de Justicia poco después de que el Tribunal Supremo comunicase a finales de julio que había confirmado plenamente su condena, es decir antes de que este pasado miércoles fuese notificada oficialmente la sentencia completa de dicha instancia, respecto a los recursos de casación interpuestos ante la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.
Los familiares del expresidente andaluz fundamentan su petición de indulto parcial, respecto a la pena de cárcel derivada del delito de malversación, “expresamente en razones de humanidad y equidad”, esgrimiendo que el expresidente andaluz es “un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital” y que “tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario”, descartando cualquier “enriquecimiento personal ni familiar”.
También ha formalizado una petición de indulto la familia del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo; sobre el que pesa una pena de siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
EL VOTO PARTICULAR DE DOS MAGISTRADAS
En su petición de indulto parcial, la familia de Vallejo menciona especialmente el voto particular emitido por dos de los cinco miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encargada de resolver los recursos de casación interpuestos contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.
En ese voto particular, las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo diferencian, con relación al delito de malversación, entre quienes formaban parte de la Consejería de Empleo, donde descargan la responsabilidad de la malversación; y quienes intervinieron en el trámite presupuestario pero sin conocer ni participar directamente en el reparto final de los fondos.
“Una cosa es asumir y aprobar todo un sistema específico para ‘agilizar’ y para lograr una ‘mayor rapidez’ en la concesión y pago de las ayudas sociolaborales a los trabajadores y a las empresas en crisis (…) Y otra cosa muy diferente es que los acusados ajenos a la referida consejería (de Empleo) tuvieran conocimiento de que parte de esos fondos estuvieran siendo distribuidos de forma dolosamente fraudulenta”, señalan estas magistradas, considerando que la actuación de cinco de los condenados por malversación “no cubre la tipicidad subjetiva” que requiere el delito de malversación, en alusión al dolo, “ni aun en la modalidad de dolo eventual apreciada por la Audiencia de Sevilla”.
CINCO CASOS CONCRETOS
Tal posición, en concreto, incide especialmente en las tipificaciones aplicadas a Griñan, Francisco Vallejo, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.
“Para tres magistrados, Vallejo ha cometido el delito de malversación y es condenado a siete años de prisión, para dos magistradas, no ha cometido delito de malversación y debe ser absuelto, como si una persona pudiera ser al tiempo semiinocente y semiculpable o semiabsolvible o semicondenable”, analiza la familia del exconsejero Vallejo en su petición de indulto parcial.
En cualquier caso, la familia de Vallejo defiende que “la contundencia de los argumentos que refleja el voto particular no puede ser desconocida a la hora de pronunciarse sobre la concesión del indulto”, recordando que las magistradas autoras de este voto particular consideran, textualmente, que “el tribunal de instancia (la Audiencia) ni siquiera ha razonado probatoriamente que los acusados ajenos a la Consejería de Empleo realizaran el tipo objetivo de la malversación”; y que por ello se habría incurrido en una “vulneración con su condena al derecho fundamental a la presunción de inocencia”, entre otros aspectos.
MENOS CÁRCEL PARA MÁRQUES
También ha solicitado el indulto la familia del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez; después de que ante su recurso de casación a su condena inicial a manos de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el Supremo acordase reducir su pena de cárcel al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño. Al detalle, si bien la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla condenó a Márquez a siete años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta; el Supremo redujo su pena de prisión a tres años, más siete años y medio de inhabilitación absoluta.
Igualmente, ha solicitado el indulto ante el Ministerio de Justicia la familia del ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, condenado a seis años y medio de cárcel por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación; al objeto de impedir su entrada en prisión.
Con relación a estas peticiones de indulto elevadas al Ministerio de Justicia, corresponde a cada una de las partes solicitar o no a la Audiencia de Sevilla, como órgano emisor de la sentencia inicial condenatoria, suspender la ejecutoriedad de las penas de prisión en espera de que sean resueltos los expedientes correspondientes a estas solicitudes de indulto.
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