VALLADOLID, 16 (EUROPA PRESS)
El delicado estado de salud del empresario funerario Ignacio Morchón Alonso ha impedido este viernes su nuevo interrogatorio, en calidad de investigado, en el marco de las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 6 con motivo del supuesto ‘cambiazo’ de ataúdes por otros más baratos registrado en el Grupo Funerario El Salvador en el periodo 1995-2015 que afectaría a cerca de 6.000 enterramientos.
Estaba previsto que el patriarca de los Morchón, al igual que su esposa y tres hijos, volvieran a prestar declaración en sede judicial a lo largo de la mañana pero al final tan solo han cumplimentado dicho trámite los cuatro últimos, después de que el letrado del empresario alegara la imposibilidad física de comparecer de su patrocinado.
Ante ello, la juez instructora, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, ha acordado suspender la testifical de Ignacio Morchón Alonso y recabar un informe médico-forense sobre su estado mental, de cuyo resultado dependerá si finalmente el magnate del féretro puede ser o no interrogado en su propio domicilio.
Los que sí han comparecido y declarado, aunque tan solo a preguntas de sus respectivos letrados, han sido la esposa del industrial, María del Rosario V.L, y sus hijos Ignacio, María del Rosario y Laura M.V, con la particularidad de que el primogénito y hoy gerente del grupo ha apuntado que el negocio lo controlaba y dirigía su padre, no sólo hasta su jubilación en 2010, sino incluso de facto hasta 2019, cuando el declarante pasó a ocuparse de la gerencia.
La madre, pese a que figuraba como administradora en dos empresas, ha negado cualquier vinculación con actividad empresarial y se ha definido como “ama de casa”, mientras que su hija mayor, María del Rosario, ha alegado que su cometido se circunscribía a la facturación y la menor, Laura, licenciada en periodismo, a las relaciones con los medios de comunicación.
UN HOMBRE “CHAPADO A LA ANTIGUA”
Respecto de los más de 90.000 euros en metálico que la policía halló en la vivienda del magnate del ataúd, sus familiares sostienen que se trata de un dinero justificado y coinciden en que el dinero estaba en el inmueble, en lugar de en la caja de un banco, debido a que Ignacio Morchón Alonso era un hombre “chapado a la antigua”.
Las diligencias del caso tienen su origen en 2017 pero tuvieron como momento de ‘explotación’ policial en enero de 2019, en el marco de la ‘Operación Ignis’ que investiga el supuesto ‘cambiazo’ de ataúdes por otros más baratos entre 1995 y 2015 durante el proceso de cremación.
Hace unos meses, un informe elaborado por Policía Nacional en Valladolid, a partir del análisis de una veintena de dietarios ocupados en el Cementerio Parque El Salvador, sostenía que hubo actuación delictiva por parte de los responsables y trabajadores del mismo al hacer creer a los familiares de los fallecidos que éstos eran incinerados en el tanatorio de la capital, cuando en realidad se efectuaba en instalaciones de Santovenia, una vez realizada la supuesta ‘sustracción’ de ataúdes.
El informe entregado en el Juzgado de Instrucción número 6 se enmarca en las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo UDEV-I de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Valladolid en el entorno del grupo empresarial El Salvador, por las que la juez titular mantiene en calidad de investigadas a 25 personas, entre ellas miembros de la familia Morchón, titular del negocio.
Los peritos han analizado un total de 22 dietarios–desde 1997 a 2019, si bien falta el de 2017–con ocasión de los registros llevados a cabo en varias de las instalaciones del citado grupo empresarial el 31 de enero de 2019, fecha de ‘explotación’ de la denominada ‘Operación Ignis’. La documentación se intervino en dependencias del Cementerio Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
La veintena de dietarios ha sido además cotejada con las 26 libretas intervenidas al extrabajador Justo M.G, cuyas manifestaciones destaparon el supuesto escándalo registrado entre los años 1995 y 2015 en el grupo funerario, periodo en el que, presuntamente, se dio el ‘cambiazo’ a féretros de alta calidad por otros mucho más barato antes del proceso crematorio.
Al respecto, la policía constataba que las declaraciones del extrabajador, quien reconoció que en muchos casos las incineraciones no se realizaban en el Tanatorio El Salvador sino en el cementerio, “evidencian que los datos aportados por éste se ajustan a la realidad”, y ello a pesar de que la defensa de los investigados haya puesto en tela de juicio la veracidad de sus afirmaciones e incriminaciones y enmarque todo en un intento de extorsionar a la familia Morchón.
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