SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) solicita investigar al senador de Coalición Canaria (CC) Fernando Clavijo por un presunto delito de prevaricación continuada por levantar reparos de Intervención durante su época como alcalde de La Laguna entre 2011 y 2014.
Según avanza ‘Canarias Ahora’ el fiscal asume las tesis de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife y el juzgado Número 4 de La Laguna, que instruye el caso, y apunta que ha quedado manifiesto que se dio continuidad a contratos de servicios públicos que contravenían la Ley de Contratos del Sector Público y las bases pliegos de los concursos.
El escrito del fiscal indice en la “reiteración” de esa práctica y en un uso “generalizado, habitual y no puntual” basado en unas supuestas razones de urgencia o emergencia.
CLAVIJO DEFIENDE EL AVAL DE LOS FUNCIONARIOS
En declaraciones a los periodistas Clavijo reduce los reparos a algo más de cuarenta y los justifica con que las prórrogas de los contratos de servicios estaban avaladas por los servicios gestores y de asesoría jurídica del Ayuntamiento.
Se trataba, según el senador, de servicios tan destacados como pisos tutelados para víctimas de violencia de género, la recogida de basuras, el combustible para la Policía Local o mantenimiento de parques y jardines, y dado que el “interventor entendía que no y los servicios jurídicos y gestores que sí”, le competía “decidir” y tomar una decisión.
Clavijo espera poder contar su versión en sede judicial “de una vez por todas” pues lleva casi tres años esperando y confía en que ocurra lo mismo que con otros casos de denuncia del concejal lagunero Santiago Pérez que fueron archivados.
En ese línea ha señalado que no cree “en las casualidades” y ya es “la tercera vez” que le ocurre un caso de investigación judicial cuando ser acerca un proceso electoral.
Con todo se ha mostrado “convencido” de que los funcionarios del Ayuntamiento “son magníficos profesionales” y la decisión de prorrogar contratos tenía “informe positivo” de los servicios jurídicos y gestor, recordando que el caso ocurre en “años muy complejos, en medio de la crisis” y críticas a la Ley de Bases de Régimen Local, pero los funcionarios hicieron un “trabajo ejemplar” para mantener los servicios.
Clavijo, que tiene el ánimo de “colaborar” con la justicia se abre a renunciar al aforamiento para explicar “cuanto antes” los expedientes, ve “razonable” que la Fiscalía del Supremo mantenga el mismo criterio que la fiscalía tinerfeña y ahora será el magistrado ponente quien tome la decisión de si finalmente debe acudir a declarar en calidad de investigado.
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