MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La nueva Ley de creación y crecimiento de empresas, la conocida como ‘Ley crea y crece’, con medidas para luchar contra la morosidad empresarial, ha concluido este jueves su tramitación parlamentaria y queda así lista para su entrada en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Aprobada el pasado 30 de junio por el Congreso con votos del PSOE, PP, Unidas Podemos y PDeCAT, y la abstención de ERC y PNV, la ley volvió al Congreso para examinar en la Cámara Baja los cambios introducidos por el Senado.
En estas votaciones, el Congreso ha revertido varias de las enmiendas aprobadas en contra del criterio del Gobierno, como el período transitorio hasta 2024 para la facturación electrónica y la exención en operaciones de facturación anual que no lleguen a 3.000 euros.
También se deja sin efecto la comisión con las que las plataformas de financiación podían gravar plusvalías de los inversores, y recupera la legitimación de la acción popular, limitada anteriormente para los procedimientos relacionados con la unidad de mercado.
Finalmente, el Congreso recupera la redacción que aprobó sobre el derecho a indemnización de un subcontratista afectado por el retraso de un pago, eliminando la propuesta del Senado, más directa, que reconocía la obligación del contratista a resarcir este retraso. El espíritu de este cambio era el de evitar renuncias en situaciones de desigualdad.
CREACIÓN DE EMPRESA A 1 EURO
La nueva ley contempla diferentes reformas dirigidas a facilitar la creación de empresas, su crecimiento y expansión, aligerar trámites y también medidas para combatir la morosidad. Concretamente, se reduce el coste para constituir una sociedad de responsabilidad limitada a un capital social de un euro, frente a los 3.000 euros de mínimo legal establecido hasta ahora.
También se facilita la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de información y red de creación de empresas (Circe), simplifica trámites, amplía el catálogo de actividades exentas de licencia y se modifican varios aspectos de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.
INCENTIVOS Y GARANTÍAS PARA IMPEDIR LA MOROSIDAD
Respecto a la morosidad, la norma no contempla un régimen sancionador como el que demandaba buena parte de la Cámara, pero sí se modifican hasta cinco regulaciones para combatirla, tipificándola como práctica de competencia ilegal en la Ley de competencia desleal, e impulsando medidas coercitivas desde la Ley General de Subvenciones, la Ley de contratos del sector público o la factura electrónica.
Así, se contemplan incentivos como la exigencia de un certificado de pagos a los subcontratista por parte de un adjudicatario, la retención de las garantías una vez se inicien legales contra un contratista por incumplir los plazos o la prohibición de acceder a la contratación pública.
SANCIONES DE HASTA EL 50% DEL CONTRATO Y UNA LISTA NEGRA
También, independientemente de si se recogen en los pliegos o no, se aplicarán sanciones de hasta el 50% del importe del contrato cuando haya una resolución firme y, a la hora de pedir una subvención, se exigirá acreditar que todo gasto subvencionable esté pagado en plazo.
Otros incentivos pasan por una lista negra de la morosidad –entrarán empresas con 600.000 euros y el 10% de sus facturas fuera de plazo–, la obligación de revelar en su web y memoria de cuentas anuales el volumen total y relativo de las facturas pagadas fuera de plazo y la prohibición de obligar a una empresa a utilizar una plataforma concreta de facturación electrónica.
“UNA DE LAS LEYES MÁS IMPORTANTES”
Tras las últimas votaciones, el presidente de la patronal Pimec y de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, ha reivindicado la nueva ley como “una de las más importantes” de la legislatura. “Va a salvar muchísimas empresas”, ha dicho.
Así, ha celebrado que las restricciones contra la morosidad permitirán asegurar que “todo aquel que tenga dinero público, sea subvención o contratos de más de 5 millones, cumplen los plazos de pago”, algo que, a su juicio, hasta ahora “ha sido realmente una vergüenza”.
En todo caso, lamenta que las transacciones fuera de las licitaciones estén exentas de este control y de penalizaciones, y ha abogado por llevar más allá la regulación ahora aprobada.
REFUERZO DE LA FINANCIACIÓN
Por otro lado, se incorporan mejoras en los instrumentos de financiación de las empresas alternativos a la financiación bancaria, como el ‘crowdfunding’ o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.
En el ámbito del ‘crowdfunding’, flexibiliza las normas para que las plataformas presten sus servicios en Europa, permite la creación de vehículos para agrupar inversores y reducir costes de gestión, se elevan los umbrales de inversión por proyecto (de dos a cinco millones de euros) y se modifican los límites de inversión por proyecto para minoristas, que pasan a ser el más alto entre 1.000 euros o el 5% de la riqueza.
Asimismo, se amplia el tipo de empresas para la inversión del capital riesgo, incluyendo financieras con alto componente tecnológico, se amplía el reconocimiento de fondos cerrados –fondos de deuda que pueden invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales– y se elimina a las Sicav la exigencia del informe trimestral, flexibilizando las exigencias de diversificación de inversiones.
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