La concesionaria que logró el contrato también benefició a los acusados alquilando locales de su propiedad
VIGO, 15 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía pide penas de prisión, inhabilitación y multas para dos exalcaldes y un exconcejal de Nigrán (Pontevedra), Alfredo Rodríguez Millares, Avelino Fernández Alonso y Antonio Fernández Comesaña, por amañar supuestamente la adjudicación del contrato de recogida de basura y limpieza, a cambio de ‘mordidas’.
El juicio contra estos tres procesados y otros seis acusados (entre ellos la mujer de Antonio Fernández, dos funcionarios, el delegado de la concesionaria Cespa y dos técnicos) estaba señalado en la sala de lo Penal 2 de Vigo, para celebrarse entre el 26 y el 30 de septiembre, pero ha sido suspendido porque la magistrada ha declarado la falta de competencia objetiva.
Así, este jueves se ha notificado un auto en el que la titular de esa sala de lo Penal, tras recibir escrito de la Fiscalía, ha acordado declarar la falta de competencia y remitir las actuaciones a la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Según el escrito de acusación pública, el entonces regidor de Nigrán, Alfredo Rodríguez, se concertó con el líder del partido independiente PINN, Avelino Fernández, y con un concejal de esta formación, Antonio Fernández, para ‘amañar’ la adjudicación del contrato de la basura.
Para ello, el alcalde sacó a concurso el servicio y él mismo se encargó de tramitar el pliego de condiciones, dando apenas 30 días para la presentación de ofertas. Asimismo, contrató a una consultora externa (cuyo ingeniero está también acusado) para que elaborase un informe que favoreciera la adjudicación a Cespa.
El regidor contó con el apoyo de los dos concejales, así como de dos funcionarios, un ingeniero municipal y un consultor para llevar a cabo su propósito y, finalmente, el contrato se adjudicó a esta empresa.
La Fiscalía sostiene que, a cambio, la concesionaria abonó al alcalde 102.173,35 euros; otros 88.206,71 euros al líder del PINN; y 7.409 euros a Antonio Fernández. Además, Cespa alquiló varios locales de los que eran copropietarios la mujer de Antonio Fernández y dos funcionarios, y otro local propiedad de Avelino Fernández, por unas rentas anuales “desproporcionadas”.
Así, por los primeros locales se fijaron rentas que sumaban 16.560 euros anuales durante 16 años (aunque dichos locales dejaron de usarse en 2011, se siguió pagando el alquiler) y por el segundo local se fijó un alquiler anual de 57.696 euros.
DELITOS Y PENAS
Por estos hechos, el Ministerio Público considera a los principales encausados autores de los delitos de prevaricación y cohecho, mientras que el resto son acusados como cooperadores necesarios.
Así, pide inicialmente para Alfredo Rodríguez un año de prisión, 10 años de inhabilitación y multa de 50.000 euros; la misma pena solicita para el que era delegado de Cespa; para Avelino Fernández solicita un año de prisión y 5 años de inhabilitación, y multa de 3.000 euros; y para Antonio Fernández, un años de prisión, 20 años de inhabilitación y 4.000 euros de multa.
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