VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)
La pericial caligráfica de la Policía Nacional no ha despejado la incógnita sobre la culpabilidad o no de una pareja juzgada este jueves en la Audiencia de Valladolid bajo la acusación de haber falsificado unos recibos en su intento por justificar que había abonado la renta por el alquiler del piso.
El informe elaborado por un experto caligráfico no ha podido concluir si José N.M.R. y María J.O.L. son los autores de las firmas recogidas en unos recibos correspondientes al mes de diciembre de 2019 y los meses de enero a junio de 2020 por importe global de 2.800 euros que ambos acusados presentaron en respuesta a la demanda presentada contra ellos por la titular de un piso en Arroyo de la Encomienda que les reclamaba el pago de la adeuda acumulada en esos ocho meses.
Y es que las fotocopias de los recibos aportadas por los acusados, hoy expareja, son de tan mala calidad que el perito no ha sido capaz de concluir si los encausados, que se enfrentan a penas de dos años y dos años y medio de cárcel, según las peticiones respectivas del fiscal y de la acusación particular, son los autores de las firmas que aparecen en los documentos y que los arrendatarios aseguran que fueron realizadas por la mano de la denunciante.
Ante ello, el tribunal sentenciador, a la hora de emitir sentencia, deberá valorar las testificales de la hoy expareja, que sostiene que abonó la totalidad de las rentas, y el testimonio de la titular de la vivienda, María Margarita M, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, niega que las firmas de los recibos sean suyas y porfía en que sus inquilinos no solo le dejaron casi 3.000 euros de deuda por el alquiler sino también importantes desperfectos en la vivienda.
“NO SON MIS FIRMAS”
“Yo conozco muy bien mis firmas y las que no son mis firmas, y las de esos recibos no lo son”, ha insistido la denunciante, quien ha explicado que la pareja fue pagando religiosamente las rentas, alguna vez con retraso, pero que a partir de diciembre de 2019 dejaron de atender los pagos y que incluso cuando abandonaron el inmueble, en junio de 2020, le dejaron tirada la llave en un peldaño de la escalera.
En el lado contrario, los antiguos arrendatarios han coincidido al explicar que a finales de mes bajaban ambos al piso de la arrendadora, le abonaban los 400 euros pactados y ella les firmaba el recibo que ellos llevaban previamente confeccionado.
Han reconocido que se retrasaron alguna vez en el pago pero aseguran que afrontaron finalmente todas las rentas, en una ocasión aportando dos mensualidades de golpe haciendo uso de una ayuda de emergencia por importe de más de 1.000 euros recibida el 8 de abril de 2020 a través de la Diputación provincial.
Los acusados, cuyos letrados han solicitado un fallo absolutorio, han declarado por videoconferencia desde Elche, con la particularidad de que la mujer ha llegado a pedir al presidente del tribunal que declararan por separado debido a que ya no son pareja y en la actualidad pesa sobre ambos una orden de alejamiento.
Con todo, a fin de garantizar los derechos de defensa de los dos acusados, el magistrado ha optado finalmente por mantenerles en la misma sala pero separados por un agente de la Policía Nacional.
La pareja está acusada de un delito de falsedad en documento mercantil–el fiscal ha incluido como alternativa falsedad en documento público u oficial–en concurso con otro de estafa procesal en grado de tentativa.
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