MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha cargado este miércoles contra la Ley 5/2022, de 9 de junio, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad, cuyo recurso ante el Tribunal Constitucional ha promovido junto a Unidas Podemos y otras formaciones, y ha exigido la instalación de tacógrafos para vigilar el cumplimiento horario y los tiempos de descanso.
Podemos y diputados de ERC, Bildu, la CUP, Compromís, Más País y Junts, con el apoyo del sector del taxi, han anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra la que denominan ‘Ley Uber de Ayuso’. Esta nueva ley, publicada el pasado 13 de junio, debería haber cumplido con la obligación de regular las autorizaciones para realizar transportes urbanos a las VTC respetando las competencias municipales en materia de transporte urbano.
Entre otras cuestiones, permitirá a los taxistas circular 24 horas todos los días de la semana y los usuarios podrán reservar plaza única en coche compartido.
“Además de ser una medida que no ha sido solicitada ni avalada por la mayoría del sector, al que ni se ha consultado ni informado sobre ello, supone un peligro para el estado de los vehículos y la calidad del servicio pues en 24 horas podrían trabajar hasta 3 conductores, tanto en los taxis como en las VTC que tengan trabajadores asalariados contratados, algo que dudamos que las grandes empresas de VTC vayan a estar comprometidos con cumplir”, ha subrayado el presidente de la FPTM, Julio Sanz.
En un comunicado, la federación ha subrayado que ampliar los turnos de trabajo del sector del taxi a 24 horas diarias supondrá para un sector formado en su mayoría por autónomos “una losa más en la supervivencia del sector que lleva años agonizando” por “las consecuencias de las decisiones de un Gobierno regional que premia los intereses de unas pocas multinacionales en detrimento de un servicio público”.
AUTORIZACIÓN NACIONAL
Asimismo, ha censurado que esta reforma habilita a las VTC a que tengan autorización nacional domiciliada en la Comunidad para realizar actividad urbana en todos sus municipios, algo que, según ha defendido, invadiría competencias municipales pues son estos los encargados de otorgar licencias de taxi y autorizaciones VTC.
“De nuevo nos encontramos ante una norma improvisada que será impugnada por el sector y que no se entiende si no es por dar respuesta a intereses ocultos que buscan sustituir un servicio público por otro de carácter privado”, ha indicado Sanz.
A su juicio, “las leyes que aprueba este equipo de gobierno no tienen recorrido legal, rozando en algunos casos la prevaricación, y aunque caerán una a una en los tribunales, esta última reforma es sin duda la mayor chapuza normativa que ha vivido el sector en los últimos 40 años y haremos lo posible porque no salga adelante”.
Por último, la FPTM ha agradecido a Unidas Podemos y al resto de grupos políticos que han apoyado el recurso de inconstitucionalidad y ha hecho un llamamiento al PP para reunirse con las asociaciones y escuchar al sector, “y no con tres empresarios que dicen ser la voz del sector, pero no cuentan con el aval del conjunto del colectivo”.
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