SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
La sentencia del Tribunal Supremo que resuelve los recursos de casación interpuestos contra la resolución previa de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla correspondiente al procedimiento específico a través del cual la Junta de Andalucía canalizó sus subvenciones para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, ratifica la tesis de que los exconsejeros condenados en esta causa eran conocedores o conscientes del “sistema ilegal” implantado para conceder los fondos.
Dicha sentencia del Supremo, emitida este pasado martes, notificada este miércoles y recogida por Europa Press, cuenta con 1.205 folios en los que resuelve cada uno de los recursos de casación promovidos contra el fallo inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, condenatorio respecto a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados.
La sentencia inicial de la Audiencia, recordémoslo, condena al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, era condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.
Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández era condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 19 años, 6 meses y un día por un delito continuado de prevaricación en concurso con otro continuado de malversación, mientras los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) resultaban condenados cada uno de ellos a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 18 años y un día, en ambos casos por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno continuado de malversación.
La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo fue condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno continuado de malversación, mientras el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, también exministra, eran condenados a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.
LA MUERTE DE GUERRERO
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020 a causa de una neumonía, era condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno continuado de malversación.
Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo y sucesor de Guerrero, era condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los mismos supuestos, mientras el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá resultaba condenado a siete años y un día de prisión, y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
En ese sentido, ante los citados recursos de casación, el Supremo ya informó el pasado mes de julio de su decisión de absolver a los secretarios generales técnicos Javier Aguado Hinojal, Francisco Sánchez García y Lourdes Medina Varo; también condenados en la sentencia inicial, así como reducir la condena de Juan Márquez por apreciar la atenuante analógica de reparación del daño y, sobre todo, mantener el resto de las condenas.
LA “INTERVENCIÓN DE ZARRÍAS”
En la sentencia del Supremo, el mismo indica con relación al recurso de casación de Gaspar Zarrías, que el mismo “sabía que se iban a pagar las ayudas sociolaborales con un instrumento financiero inadecuado, porque sabía que eran subvenciones y debían articularse a través de la normativa de subvenciones” e “intervino activamente en la concesión de determinadas ayudas (…) de empresas de Jaén, provincia donde de forma especial desarrollaba su acción política”, siendo entonces secretario general del PSOE jiennense.
Así, el TS no ve “irracional inferir que Zarrías conociera las razones por las que se produjo el cambio de presupuestación, esto es, los problemas en la concesión de ayudas, que obligaron a realizar anticipos por parte del IFA y que dieron lugar a reparos de la Intervención”, unos “problemas se habían producido precisamente con la subvención a Hamsa, en cuya gestión había intervenido personalmente”. Según el TS, “Zarrías fue conocedor del indebido uso de las transferencias de financiación”.
En cuanto al recurso del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el TS señala que “participó de forma activa y consciente en la instauración, desarrollo y ejecución del mecanismo de concesión de subvenciones ilegales desde su creación, hasta su extinción, en su distinta condición de viceconsejero de Empleo, presidente del IFA y consejero”. “Era perfectamente consciente de que, a través de las modificaciones autorizantes de las transferencias de financiación, lo que se trataba era de eludir la normativa prevista para las subvenciones excepcionales”, asevera.
VIERA ERA “PLENAMENTE CONSCIENTE DE LA ILEGALIDAD”
En el caso del exconsejero José Antonio Viera, el TS indica ante su recurso que fue “plenamente consciente de la ilegalidad del sistema que él mismo procuró desde la Consejería de Empleo, por cuanto, además, le fue advertida tal ilegalidad (…) a través del Informe Anual de Cuentas de 2001 y de los Informes de Control Financiero del IFA, en los que se advirtió del uso inadecuado de las transferencias de financiación en la concesión de las ayudas y la elusión en su tramitación el procedimiento reglado”. Además, “se ha acreditado que numerosas ayudas fueron concedidas mientras él fue consejero de Empleo al amparo del sistema ilegal, a fines distintos de los establecidos para el programa 22E/31L”.
En cuanto al recurso de Francisco Vallejo, el Supremo ratifica que “intervino en la aprobación de las modificaciones presupuestarias y en los proyectos de presupuestos tramitados y en el juicio histórico de la sentencia se declara que no modificó en ningún extremo el proceder de los años anteriores, con conocimiento de los incumplimientos de la gestión presupuestaria”. “Fue conocedor de la forma concreta de gestión de las ayudas y tuvo conocimiento de graves ilegalidades en su concesión y gestión, y nada hizo al respecto”, asevera el Supremo.
En el caso del recurso de Martínez Aguayo, el TS explica que “desde un ejercicio mínimamente diligente del cargo, teniendo en cuenta las competencias que le correspondían y, sobre todo, valorando la multiplicidad de fuentes de información y la relevancia de las irregularidades advertidas, no es verosímil que desconociera las ilegalidades, máxime cuando fue destinataria directa de los distintos informes que describían y advertían de las ilegalidades”.
Respecto al recurso de la exconsejera de Economía y Hacienda y además exministra, Magdalena Álvarez, el TS determina “la necesaria conclusión de que el nuevo sistema era ilegal, se implantó con la finalidad de eludir la normativa de subvenciones y se hizo con conocimiento de la máxima responsable de la Consejería de Hacienda”, que “intervino en la génesis del nuevo sistema que se fraguó ante los problemas recurrentes que se estaban produciendo en la gestión de las ayudas sociolaborales, que dieron lugar a la formulación de reparos por la Intervención Delegada, que dependía jerárquicamente de la consejera”.
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