Ve predisposición en ERC y PNV para volver a apoyar las que serían las últimas cuentas públicas de la legislatura
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El ala socialista del Gobierno confía en que el incremento del gasto en Defensa previsto para los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) no suponga un escollo para lograr un acuerdo con su socio de coalición, Unidas Podemos, alega que buena parte de este incremento quedará fuera del techo de gasto y por tanto no compite con las partidas destinadas a gasto social.
Según han trasladado fuentes del Ejecutivo, hay algunas partidas como las subidas salariales al personal militar o los gastos corrientes que sí computan de forma ordinaria, sin embargo los pagos pendientes de los programas especiales de armamento no se incluyen en el tope de gasto.
En los últimos PGE aprobados por el Congreso de los Diputados el pasado año, esta última parte ascendió a 2.342 millones de euros mientras los demás gastos con cargo al Ministerio de Defensa fueron de 7.068 millones de euros. En total el presupuesto del departamento dirigido por Margarita Robles recibió 10.152 millones de euros, un 7,87% más que el año anterior.
Bajo este argumento, la parte socialista del Ejecutivo pretende salvar la negociación del presupuesto con Unidas Podemos, que ha venido mostrando su desacuerdo a incrementar el gasto militar en los últimos meses. Sobre todo, desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su compromiso de ir aumentándolo hasta llegar al 2% del PIB en el año 2029, en la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid en junio.
Ante las reticencias de su socio de coalición –que también se opuso al envío de armas a Ucrania– Sánchez ha venido señalando que espera que el transcurso de la guerra de Rusia haga cambiar la oposición histórica que algunas fuerzas políticas han tenido contra la OTAN, ya que se trata de un organismo para la Defensa y sin veleidades militaristas, tal como ha defendido.
UNIDAS PODEMOS ABRIÓ LA PUERTA
A pesar de todo, desde Unidas Podemos han templado su posición en los últimos días abriendo la puerta a un posible acuerdo. A este respecto, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, afirmó la semana pasada que, aunque tratarán de convencer al PSOE de que España no necesita aumento del gasto armamentístico al no ser prioritario en el actual contexto económico, el compromiso de Sánchez con la OTAN se puede cumplir de “muchas formas”.
Así, indicó que este aumento del gasto podría hacerse “a medio plazo” o destinando inversión para subir el salario de las tropas (que es una propuesta de Podemos) en lugar que “gastarlo en empresas armamentísticas americanas”, afirmó.
DESCARTA EL APOYO DEL PP
Con todo, en la parte socialista del Ejecutivo señalan que para su socio de coalición lo más importante es que el gasto en Defensa no colisione con el gasto social y por tanto confían en que esta fórmula sea satisfactoria y les permita llegar a un acuerdo.
Además, las fuentes consultadas descartan sacar adelante este capítulo de los PGE con el apoyo del PP, en caso de no llegar a un acuerdo en el seno del Gobierno, a pesar de que los ‘populares’ a priori están a favor de subir el gasto en Defensa. En este sentido, piensan que si el PP “huele sangre”, al ver discrepancias internas, aprovechará para tumbar los PGE.
Por otro lado, el Gobierno apunta a finales de septiembre o principios de octubre como fecha para presentar las cuentas. A partir de ese momento comenzará la negociación con el resto de grupos parlamentarios. A este respecto ven que hay predisposición para negociar por parte de socios habituales como el PNV y ERC.
RETRASO EN LA LEY DE VIVIENDA
Por último respecto a la aprobación definitiva de la Ley de Vivienda, los socialistas vuelcan la responsabilidad de la tardanza en Unidas Podemos y las “60 enmiendas” que han presentado, según las citadas fuentes. Al mismo tiempo recuerdan que la aprobación de esta norma fue una línea roja para que UP diese su apoyo a las cuentas hace un año.
Así, han trasladado que su intención es que salga adelante y han afeado a los morados que les responsabilicen del retraso cuando ellos han presentado un volumen de enmiendas, que a su juicio no tienen sentido, cuando previamente habían llegado a un acuerdo en el texto que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado mes de febrero.
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