Bravo ofrece al sector privado asesoramiento en protocolos y Bueno destaca el esfuerzo de “sensibilización” de las universidades
ALICANTE, 13 (EUROPA PRESS)
La Generalitat Valenciana ha firmado este martes con las cinco universidades públicas valencianas un convenio que permitirá que las empleadas públicas de las instituciones académicas que sean víctimas de violencia de género puedan mantener su empleo y también sus salarios si, a causa de su situación como víctimas, se vieran obligadas a cambiar su localidad de residencia.
El convenio ha sido ratificado en Casa Mediterráneo en Alicante por la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, la de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno, y por los máximos dirigentes de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
En concreto, al acto han acudido las rectoras de las universidades de València y Alicante, Mavi Mestre y Amparo Navarro; los rectores de la Universidad Politécnica de València y de la Miguel Hernández de Elche, José Esteban Capilla y Juan José Ruiz, respectivamente, y el vicerrector de la Universitat Jaume I de Castelló, Vicente Cervera.
A todos ellos, Bravo les ha agradecido en su intervención su compromiso en la lucha contra la violencia de género. Asimismo, con este convenio, las mujeres víctimas podrán pedir el traslado desde sus respectivos puestos de trabajo, tanto entre las distintas instituciones académicas como con la Administración de la Generalitat y viceversa.
“Con la firma de este convenio sumamos convicciones, fuerzas y, sobre todo, recursos para ayudar a las víctimas del terrorismo machista en un flanco tan importante en la vida de las personas como es el económico y el laboral”, ha expresado Bravo.
Además, ha destacado que las víctimas de violencia de género “deben saber que no están solas y que toda la sociedad, con sus instituciones a la cabeza, van a ayudarles en el preciso instante que den el paso para denunciar y lo seguirán haciendo durante todo el tiempo que sea necesario hasta que recuperen su dignidad, su autoestima y sus vidas”.
También ha asegurado que sería “deseable” que esta iniciativa “no se quedara sólo en el ámbito de lo público y que sirviera de guía y ejemplo para el resto del tejido productivo en el caso que tuvieran entre su personal a mujeres afectadas por el terrorismo machista”.
Por ello, ha ofrecido “el asesoramiento de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública para articular sistemas de traslado laboral y protección para las víctimas de Violencia de Género”.
Por su parte, Bueno ha destacado “el esfuerzo que desde las universidades públicas se está realizando en temas de igualdad y sensibilización contra la violencia de género”. En su turno, ha resaltado el hecho de que en la Comunitat Valenciana tres de las cinco rectoras sean mujeres: “Es un ejemplo muy significativo a favor de la igualdad y la modernidad en las universidades”.
Además, ha incidido en el esfuerzo que están haciendo las universidades para que las mujeres sean cada vez más partícipes en todos los ámbitos de la vida académica. “Es visible el compromiso social de las universidades para que los campus sean espacios libres de violencia de género y donde los valores de la igualdad se impregnen a toda la comunidad universitaria”, ha agregado.
Así, ha zanjado que el camino “no ha sido fácil” y ha reconocido el “esfuerzo que se ha hecho” y la “importancia” que supone “esta foto”. “Necesitamos seguir unidos por esta lucha, los gobiernos y las instituciones tenemos mucho camino por hacer, pero también andado”, ha zanjado.
“VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”
También ha intervenido Navarro como rectora de la UA y presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, quien ha afirmado que “en un día como hoy” se da “un paso más en nuestro compromiso contra la violencia de género, que constituye una violación de los derechos humanos”.
“La violencia de género llega aún más lejos cuando se ejerce contra los hijos e hijas de las víctimas para dañar de manera irreversible a sus madres. Los poderes públicos no deben permanecer ajenos a esta desigualdad, y las universidades cuentan ya con una importante trayectoria al respecto a través de políticas de igualdad”, ha sostenido.
Del mismo modo, ha indicado que este convenio supone un “refuerzo” para ser “más eficaces” en materia de prevención de la violencia de género, puesto que “esta lacra” sitúa a la mujer “en desventaja social” ya que “también afecta a su situación laboral”. “Esto servirá para aliviar la presión y ganar seguridad de las mujeres, que tienen derecho a conservar sus puestos de trabajo, sus fuentes de ingresos pese a tener unas condiciones de vida tan dolorosas”, ha agregado.
Por último, ha señalado que “la universidad debe situarse a la vanguardia del progreso social y ser un referente en las denuncias de las desigualdades que existen en la sociedad”.
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