VALLADOLID, 12 (EUROPA PRESS)
Las nueve capitales de Castilla y León, según sus cuentas de recaudación, experimentaron una disminución de ingresos entre 2019 y 2020 debida tanto a aplazamientos o suspensiones de tributos como a otras medidas de 28,5 millones de euros, de los que 22,9 millones corresponden al periodo voluntario y 5,6 al ejecutivo.
Así lo ha señalado el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, durante la presentación en las Cortes del informe ‘Análisis del impacto en los ingresos propios de las capitales de provincia de Castilla y León de la situación económica y normativa creada por la COVID-19’.
Amilivia ha destacado las cifras de disminución de la recaudación especialmente en los ayuntamientos de Burgos, en más de 9 millones de euros, y León, en casi 8, seguidos de Salamanca y Valladolid, ambos por encima de los 3, y Segovia, cerca de los 2 millones. En las cuatro provincias restantes la disminución está por debajo del millón de euros. En los de Ávila, Palencia y Zamora la diferencia más grande entre la recaudación de los ejercicios 2019 y 2020 corresponde al periodo ejecutivo.
El Consejo ha recomendado que los servicios de tesorería y recaudación realicen un seguimiento de la incidencia en los datos de recaudación anual de las medidas adoptadas que evalúen si se mantienen o se suprimen los beneficios y reducciones concedidos sobre los ingresos propios a raíz de la crisis, estimando la situación de recuperación de la actividad económica en el municipio.
El periodo analizado fue el ejercicio 2020 y hasta el 30 de junio de 2021. En relación a las actuaciones sobre plazos en periodo voluntario, las nueve capitales modificaron el calendario fiscal del 2020 como consecuencia de la pandemia COVID-19, predominantemente mediante decretos de la alcaldía, a propuesta de los servicios de recaudación.
Las medidas se dirigieron especialmente a promover el aplazamiento y fraccionamiento de deudas dentro del ejercicio 2020, lo que recayó en algunos casos sobre el diseño de planes de pago para los contribuyentes, facilitando y flexibilizando las condiciones para realizar los pagos.
En relación con los plazos de los ingresos del ejercicio 2021, salvo en tres casos, la recaudación de derechos se produjo dentro de los plazos previstos en los calendarios fiscales normalmente aprobados por los ayuntamientos para este año, ha explicado Amilivia.
CUMPLIMIENTO
En cuanto a las actuaciones sobre plazos en periodo ejecutivo, el Consejo concluye que todas las capitales aplicaron la normativa estatal de carácter general referida a la suspensión temporal en 2020 de los plazos del periodo ejecutivo, lo que afectó al dictado y notificación de providencias de apremio, a la práctica de embargos y a la ejecución de garantías. Los ayuntamientos de Burgos y de Soria adoptaron otras medidas complementarias que afectaron a la dilatación del procedimiento de apremio en 2020.
Con carácter general, concluye que para los ingresos de derecho público correspondientes al ejercicio 2021 no hubo incidencias relacionadas con los plazos del periodo ejecutivo y del procedimiento de apremio, a excepción de los ayuntamientos de Segovia y Soria.
En cuanto a las medidas sobre liquidación y recaudación de ingresos propios, la pandemia y sus medidas provocaron la suspensión de actividades y servicios prestados por los ayuntamientos, así como la no generación del hecho imponible y devengo de determinados tributos, tanto periódicos como no periódicos. A ello hay que añadir las medidas específicas adoptadas por los ayuntamientos sobre sus tributos y precios públicos.
Las capitales, con carácter general, han adoptado medidas dirigidas a no exigir aquellos tributos u otros ingresos de derecho público en los casos en los que, como consecuencia de la pandemia y las limitaciones impuestas por el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, no se ha producido el hecho imponible (caso de las terrazas de hostelería y los mercados).
Los ayuntamientos llevaron a cabo, con carácter general, actuaciones de oficio para la devolución de ingresos por la suspensión de actividades y servicios, o bien, en el caso de determinadas actividades económicas, por el tiempo en el que no se ha utilizado privativamente el dominio público.
Todas las capitales actuaron sobre sus tributos propios u otros ingresos de derecho público, concediendo beneficios a determinados particulares o actividades económicas, disminuyendo con ello la liquidación y recaudación anual.
Teniendo en cuenta que el Estado no cambió por la pandemia el régimen legal de beneficios fiscales de los impuestos locales, las modificaciones llevadas a cabo por las entidades locales se han ajustado, con carácter general, en el caso de los impuestos, al principio de reserva de ley.
MÁS MEDIDAS
Ávila, León, Salamanca y Valladolid, aplicaron beneficios fiscales sobre sus impuestos, consistentes predominantemente en bonificaciones del IBI y del IAE, lo que en algún caso requirió la previa declaración de especial interés o utilidad pública de la actividad. Todas las capitales adoptaron medidas de reducción o no aplicación transitoria de tasas por utilización privativa del dominio público, especialmente la de terrazas de hostelería.
La estimación realizada en conjunto por las capitales de provincia de la pérdida de ingresos por medidas que afectan a su liquidación se cifra en 14,2 millones de euros para el ejercicio 2020. La mayor estimación de pérdida de ingresos la realiza el Ayuntamiento de Burgos, en 7,9 millones de euros, seguido de los de León y Ávila, ambos por encima de 1,5 millones.
Con respecto a la situación en el ejercicio 2021, los ayuntamientos han evaluado una pérdida de ingresos, en su conjunto, de 9 millones de euros, muy inferior a la estimada para 2020.
Referente a 2022, con carácter general, no se estima ya una incidencia relevante de la pandemia en los datos de liquidación y recaudación tributarias.
Respecto al informe, el procurador del Grupo Mixto Pablo Fernández ha destacado la actuación correcta de los ayuntamientos, mientras que el representante de UPL-Soria Ya! José Ramón García ha incidido en la adaptación de los consistorios y la ciudadanía ante la pandemia.
Por su parte, la procuradora de Vox Ana Rosa Hernando ha criticado que en Castilla y León se establecieran medidas más restrictivas que en el resto del país, lo que supuso algún “varapalo” judicial y ha censurado los “absurdos y especialmente dañinos” para sectores como la hostelería de las prórrogas del estado de alarma, que también se “tumbaron”, tras lo que ha recordado que se debió a los recursos de su formación.
Frente a estas críticas, la socialista Laura Pelegrina ha destacado que los ayuntamientos dieran “la cara” y estuviesen “a la altura” frente a opiniones como las de Vox que dijeron que la pandemia fue “un invento de China”.
Por otra parte, ha incidido en que el informe pone de manifiesto que la Administración autonómica no puso “ni un euro” de fondos propios, impuso más restricciones, no complementó ayudas fue “incapaz” de planificar fondos para que llegaran a las empresas.
Finalmente, la ‘popular’ Mercedes Cófreces ha destacado que el esfuerzo de los ayuntamientos para mantener el “latido” de sus municipios y ha señalado que “sorprende” que el Estado no llevara a cabo modificaciones legales de tipo fiscal, sin que el Gobierno contribuyera a los que los consistorios aplicaron dentro del los límites establecidos por la ley.
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