MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
Las principales asociaciones de distribuidoras (ACES, Anged y Asedas) consideraron “inviable y contraproducente” la propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de elaborar una cesta de la compra básica a precios cerrados. Es la reacción de las tres asociaciones mayoritarias del sector tras la reunión mantenida este lunes entre la ministra de Trabajo y las asociaciones de consumidores.
En un comunicado conjunto, denunciaron un “diagnóstico erróneo” de la formación de precios en la cadena que compara “sólo la diferencia entre precios de origen y destino”, al estar basado en datos de una organización agraria “que carecen de base científica ya que, al expresar las diferencias de precios en porcentajes, distorsiona la percepción del consumidor e ignora el valor que aportan otros eslabones de la cadena”.
Asimismo, criticaron la “ineficacia del acuerdo propuesto”, ya que la estructura de la distribución alimentaria en España “hace que el pacto requiera del acuerdo con cientos de empresas”.
Además, apuntaron que el comercio tradicional “tiene una cuota de mercado muy importante especialmente en productos frescos”, que Díaz pretende que estén incluidos en la cesta de alimentos básicos.
En este sentido, subrayaron que presentaría “graves riesgos para la competencia, perjudicando a unos comerciantes frente a otros y a los consumidores que viven en poblaciones pequeñas” y aseveraron que “habría que evaluar su compatibilidad con la normativa de defensa de la competencia”.
Como tercera crítica, Anged, Asedas y ACES mencionaron las “experiencias fallidas en otros países”, detallando que los acuerdos firmados por el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en 2004 y 2010 tuvieron como resultado, “por una parte, una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor con un descenso en el consumo y, por otra, una bajada muy importante de la calidad de los productos en las gamas afectadas”.
Por el contrario, las asociaciones pidieron una bajada temporal del IVA de los alimentos, similar a lo que hizo Alemania en 2020 por un periodo de seis meses “con resultados positivos” y la suspensión temporal de impuestos medioambientales “que penalizan el consumo y reducción del coste regulatorio”.
Además, reclamaron un precio de la energía “sostenible para toda la cadena, y especialmente para la distribución alimentaria”, pues su incremento “hace que empresas de la distribución corran el riesgo de entrar en pérdidas este año”. Por ello, solicitaron “un Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor de energía, que apoye a estas empresas como se está haciendo en otros sectores”.
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