MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía alerta en su Memoria Anual, correspondiente al año 2021, de las consecuencias que han supuesto la “entrada masiva” de migrantes de forma irregular al país el año pasado: la existencia de “un número importante” de personas carentes de documentación y en situación administrativa irregular; abocadas a formar parte de núcleos marginales en condiciones de pobreza y exclusión de larga duración; y “problemas serios de infraestructura para la provisión de lugares dignos y adecuados para su acogimiento y atención inmediata”.
El documento, recogido por Europa Press, determina que esta situaciones se agravan en momentos concretos de mayor flujo de entradas irregulares al país y, en este sentido, el Ministerio Fiscal dice “echar en falta” una “necesaria previsión de tales situacionespor parte de las autoridades competentes”.
Se refiere, por ejemplo, a las actuaciones tras el salto multitudinario a la frontera ocurrido en Ceuta en mayo pasado año, en el que, tal y como apunta el Ministerio Fiscal, se vio implucado un “gran número” de menores. En concreto, los números de Interior, según recoge el informe, determinan que entraron hasta 9.000 personas a la ciudad autónoma.
Aunque, como recuerda la Memoria, “la mayoría de estas personas fueron devueltas a Marruecos de forma inmediata o en días posteriores cercanos”, el incidente supuso “un grave problema de recepción y acogimiento de los recién llegados”.
DESCENSO DE INTERNAMIENTOS
Las cifras totales del año que recoge la Fiscalía determinan que, en 2021, se emitieron un total de 1.599 medidas cautelares de internamiento de extranjeros, frente a los 2.164 informes del año 2020 y los 7.677 del año 2019. De ellos, 1.204 fueron favorables y 355 desfavorables a la adopción de la medida cautelar.
Este descenso de los internamientos es atribuible, según ha explicado la Fiscalía, a las restricciones territoriales que derivan de un contexto de pandemia en el que destacan el cierre de fronteras de Marruecos, Argelia o Portugal.
Del mismo modo, señala la práctica imposibilidad de cumplir el plazo de obtención de analíticas con resultados negativos en pruebas sobre el Covid-19, necesarios para embarcar en vuelos comerciales en los que se materializan las expulsiones, ya que ciertos países de destino exigen que la muestra sea tomada como máximo 48 horas antes del embarque.
Excepcionalmente han aumentado las peticiones de internamiento en la sala de inadmitidos del Aeropuerto de Madrid-Barajas, habiéndose despachado 297 informes, frente a los 176 cursados el año anterior.
ALEGACIONES FRAUDULENTAS EN PETICIONES DE ASILO
En este sentido, también destaca la disminución de vuelos o el cierre del espacio aéreo del país de destino como consecuencia de la pandemia, o a la negativa a embarcar por parte del extranjero o incluso de la propia compañía aérea, en bastantes ocasiones, al igual que sucedió el año anterior, ha aumentado la solicitud de sucesivas prórrogas del plazo inicial de internamiento acordada, fijándose el criterio de no poder exceder de 60 días la suma de todas ellas.
Por otra parte, el Ministerio Fiscal señala que varias fiscalías (Las Palmas, Tenerife) se han hecho eco del problema que supone las “masivas alegaciones fraudulentas de solicitudes de asilo o protección internacional” invocando la sentencia de 25 dejunio de 2020 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la UniónEuropea, por la que un nacional de terceros países puede pedir asilo ante el juez de instrucción.
Así, según ha destacado la Fiscalía, en Tenerife es una práctica generalizada la de solicitar asilo ante el juzgado de guardia, por lo que unas 150 personas solicitaron protección internacional y no fue posible su internamiento.
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