SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
La comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para “estabilizar empleo público temporal en Andalucía” ha presentado una queja dirigida a la Mesa del Parlamento, a la Junta Electoral de Andalucía y al Defensor del Pueblo en la que denuncia “obstáculos” para la formalización de fedatarios especiales que se requiere en el marco de la tramitación de esta iniciativa.
Según ha explicado a Europa Press el portavoz de esta comisión promotora, David Núñez, ha sido este pasado viernes cuando se ha presentado esta queja, aprovechando que el Letrado Mayor del Parlamento, Ángel Marrero, les había convocado para la entrega de las referidas credenciales de fedatarios, algo que, según ha criticado, “se ha retrasado injustamente”.
Así, desde la comisión promotora denuncian con esta queja la “injusticia” que, en su opinión, ha constituido que, por una parte, se les haya exigido “aportar copia compulsada del DNI de cada fedatario, y por otra, tanto los ayuntamientos como las direcciones provinciales de la Policía Nacional se hayan negado a compulsar” esas copias de documentos de identidad.
La queja señala así que, después de que el pasado 25 de abril se formalizara la jura o promesa de los primeros diez fedatarios especiales, “no ha sido posible formalizar” la del resto “hasta el 29 de agosto de 2022, debido a la imposibilidad de cumplir con el requisito de documentación previa requerida que establece el procedimiento dispuesto por la propia Junta Electoral de Andalucía, que ha retrasado la aportación de la documentación en el caso de quienes se han propuesto como fedatarios especiales”, así como ha provocado que “muchos ciudadanos andaluces voluntarios que reunían las condiciones para acreditarse” como fedatarios especiales “hayan tenido que renunciar a ejercer su derecho debido exclusivamente al requisito de tener que presentar cada uno fotocopia del DNI compulsada”.
Esto, según añade la misma fuente, “ha obstaculizado indirectamente en lugar de facilitar y favorecer el ejercicio de un derecho elemental de la ciudadanía en Andalucía, que ya bastante complicación entraña al establecer como requisito el interminable y desproporcionado de 40.000 firmas necesarias” para la tramitación como proposición de ley de una ILP.
El portavoz de la comisión promotora ha indicado que esta “dolorosa” situación “ha provocado que la segunda ILP de los interinos y temporales de la Junta de Andalucía tenga menos fedatarios que la anterior” que sobre este mismo asunto impulsaron con anterioridad y que fue inadmitida por la Cámara andaluza.
QUEJA
En concreto, han sido acreditados unos 80 fedatarios especiales, según ha detallado David Núñez, que en la queja presentada solicita a la Mesa del Parlamento “que en el ámbito de las competencias que le son atribuidas, proponga y defienda que en las futuras Iniciativas Legislativas Populares que se registren en el Parlamento de Andalucía, el requisito de aportación de copia del DNI de quienes juren o prometan para ser acreditados como fedatarios especiales se considere cumplido, bien mediante autocompulsa firmando en dicha fotocopia el texto ‘Es copia fiel del original’, o bien incorporando literalmente en el modelo de declaración jurada al respecto el consentimiento expreso para que se pueda consultar la veracidad del contenido de la copia del DNI aportada”.
El plazo para presentar las referidas 40.000 firmas para continuar con la tramitación de la ILP termina el próximo 25 de octubre, “salvo que la comisión promotora solicite una prórroga de dos meses contemplada en la ley”, según ha precisado David Núñez.
OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Desde la comisión promotora han recordado que esta ILP propone fundamentalmente, entre otras cuestiones, “que la experiencia en la Junta de Andalucía se puntúe cuatro veces más que en otras administraciones públicas, como se ha hecho en las diputaciones provinciales con la experiencia de sus empleados públicos de larga duración conforme a la sentencia del Tribunal Supremo 878/2019, de 24 de junio, en relación a unas oposiciones en Baleares”.
También, “que las plazas incluidas en las convocatorias de estabilización se excluyan de los procesos de movilidad –promociones internas y concursos de traslado– hasta el 31 de diciembre de 2024, que finaliza el plazo de resolución de los procesos de estabilización que establece la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, aprobada en el Congreso de los Diputados” en diciembre del año pasado.
Igualmente, con esta Iniciativa Legislativa Popular, sus promotores quieren que, “en el caso de plazas que no puedan convocarse exclusivamente por concurso de méritos porque no se ocupan antes del 1 de enero de 2016, pero sí llevan tres años antes del 31 de diciembre de 2020, la fase de oposición del concurso-oposición sea no eliminatoria”, una “posibilidad que contempla el artículo 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre”.
Otra reivindicación de esta iniciativa es la “creación de una bolsa de empleo permanente y prioritaria sobre las demás que puedan existir, y de la que formen parte exclusivamente empleados públicos cesados en los procesos de estabilización de la Junta de Andalucía, de la que disponer en primer lugar para los nuevos nombramientos interinos o contrataciones temporales”.
De esta manera, esta ILP, según ha detallado el portavoz de su comisión promotora, “afecta a funcionarios interinos de Educación y Administración General, incluidos los que prestan servicios en universidades, en gestión y tramitación procesal en Justicia; estatutarios y laborales temporales y contratados temporales en las agencias, incluyendo al personal declarado indefinido no fijo por sentencia, que se encuentren al servicio de la Junta de Andalucía, en diputaciones provinciales y ayuntamientos”.
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