MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
El Tribunal ha condenado por delitos contra la salud pública, integración en grupo criminal y defraudación del fluido eléctrico, a siete de los reos a cuatro años y medio de cárcel, que se sustituyen por expulsión de España y prohibición de entrar en el territorio nacional durante ocho años. Para los cinco restantes, y por los mismos delitos, la Sala establece sendas penas de cuatro años y dos meses de prisión.
La sentencia es el resultado del acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y las defensas de los acusados en un juicio celebrado el pasado 2 de mayo, por lo que ha sido declarada firme.
Los penados, la mayoría de nacionalidad china, formaban parte de una organización delictiva perfectamente coordinada y dividida en tres grupos que actuaban de forma semiautónoma.
Uno de ellos se encargaba del cultivo de la droga, tanto del mantenimiento de las plantaciones ‘indoor’ como de la adquisición de material o instrumentos necesarios para su instalación en dos naves industriales, una situada en la localidad alicantina de Aspe y otra en la ciudad de Albacete.
Las otras dos células de la organización se encargaban de la exportación de la sustancia estupefaciente a Holanda y al Reino Unido, que realizaban a través de empresas privadas de mensajería usando identidades falsas o bien identidades auténticas obtenidas a partir de documentación robada.
DECENAS DE ENVÍOS
Según relata la sentencia, sólo desde una de las oficinas de mensajería que la red utilizaba para su actividad ilícita, ubicada en Valencia, se realizaron un total de 81 envíos entre abril de 2018 y el verano de 2019, con un peso total de más de mil kilos.
Los paquetes estaban reseñados con el concepto de ‘ropa’ y estaban destinados a diferentes ciudades del Reino Unido y de los Países Bajos. Desde otras dos sucursales de empresas de paquetería, se enviaron otros 125 paquetes, con un peso superior a los 1.900 kilogramos.
Los condenados, que comenzaron a ser investigados por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en marzo de 2019, tenían su domicilio en varios pisos de la ciudad de Valencia en los que, además de residir de forma intermitente, almacenaban el material y los instrumentos para tratar la droga.
El grupo fue finalmente desarticulado por los agentes en una operación que culminó a principios de diciembre de 2019 con un total de 16 registros domiciliarios en Valencia, Aspe, Albacete, Elche y Madrid, en los que fueron incautados 194,5 kilos de marihuana.
El Tribunal ha decretado en la sentencia el decomiso y la destrucción de dicha droga y la adjudicación al Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas de los bienes, instrumentos y efectos intervenidos durante la investigación, como vehículos, ordenadores, teléfonos y dinero en efectivo.
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