CÓRDOBA, 9 (EUROPA PRESS)
Trabajadores que forman parte del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérpretación de Lengua de Signos (ILSE) se han concentrado este viernes, convocados por CCOO Córdoba, ante la sede provincial de la Agencia Pública de Educación (APAE), para denunciar públicamente la “precariedad laboral” que soportan en la provincia unos 200 empleados de dichos servicios educativos y “el deficiente servicio que la Junta de Andalucía presta al alumnado con necesidades educativas especiales (ANEE)”.
Además y según ha informado CCOO en una nota, el sindicato ha querido señalar con esta concentración “la dejadez de funciones” de dicho organismo público, “cuya obligación, entre otras, es la de controlar los pliegos de condiciones que se sacan a concurso y velar porque estos se cumplan escrupulosamente por parte de las empresas beneficiadas de los mismos”.
En este sentido, el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Francisco Cobos, ha manifestado que “varias de las empresas privadas que tienen adjudicado el servicio deben nóminas desde el mes de junio a un personal asfixiado por la falta de efectivos y que sufre una gran precariedad laboral, lo que repercute directamente en la calidad del servicio que se presta al alumnado con necesidades educativas especiales”.
En el caso de Córdoba, “cerca de 200 trabajadores prestan sus servicios en centros públicos sin que exista un control por parte de la APAE”. Por ello, CCOO solicita a la Junta que, “por la vía de urgencia, cree una mesa de coordinación entre la Secretaría Técnica de la Consejería de Desarrollo Educativo y la APAE, para tratar de dignificar un servicio esencial para muchos alumnos”.
Así, según ha lamentado el responsable sindical, “hay una absoluta falta de personal y a ello se une la contratación a tiempo parcial. Hay PTIS e ILSE compartiendo centros educativos y atendiendo a menores de distintos cursos, con lo que es imposible darles la atención que requieren. También se da el caso de personal que después de varios años atendiendo a un alumnado es trasladado de centro en vez de mantenerlo en el mismo, en donde ya conoce las necesidades específicas de cada menor y el trabajo que es necesario realizar con cada uno”.
A este se suma que “muchas de las empresas” adjudicatarias de estos servicios educativos “no han cumplido con lo marcado por el convenio colectivo, en cuanto a las vacaciones que deben disfrutar sus trabajadoras y este verano, de manera unilateral y sin consultar con la representación legal de los trabajadores, han modificado contratos, pasando del indefinido parcial al fijo discontinuo; contrato éste que incurre en una irregularidad, según el artículo 21 convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad”.
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