MÉRIDA, 9 (EUROPA PRESS)
La Unión Sindical Obrera (USO) de Extremadura ha anunciado que sus servicios jurídicos ya están preparando un escrito de denuncia que llevarán ante la Fiscalía de la comunidad autónoma al considerar que hay “indicios de prevaricación” en torno al contrato público de transporte sanitario.
Desde la organización sindical creen que “pudieran existir varias personas” dentro del Servicio Extremeño de Salud y otras de fuera del mismo que “presuntamente se habrían confabulado” para que la licitación del servicio recayera sobre una determinada empresa.
Esta empresa, Ambuvital, es “casualmente” la misma que está prestando actualmente el servicio “de manera deficitaria” y a la que la Junta de Extremadura “permite de manera consciente y deliberada el incumplimiento del contrato de emergencia” por el que recibe más de 39 millones de euros cada año.
Para conseguir estos objetivos, asegura USO en una nota de prensa, presuntamente “mirarían para otro lado” ante las denuncias y recursos de usuarios y organizaciones sindicales.
“Un funcionario público puede hacer con su dinero lo que quiera pero cuando hablamos de más de 200 millones del dinero de todos, que es de lo que estamos ahora hablando, debe actuar con una escrupulosidad absoluta a la hora de manejar este dinero”, señalan desde la organización.
USO añade que “alguien o algunos” dentro de la Junta de Extremadura se han “saltado la Ley” para “beneficiar” a una empresa privada, durante la licitación y también de manera previa, añaden, y lo han hecho “con conocimiento absoluto de lo que hacían”.
Por este motivo van a pedir a la Fiscalía que “investigue a todas y cada una de las personas por las que ha pasado ese contrato”. También pedirán que se investigue a los sindicatos UGT y CSIF como “colaboradores necesarios del fraude”.
USO señala asimismo que siguen esperando que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, atienda su solicitud de reunión para tratar este asunto, de tal forma que el silencio que han recibido como respuesta les “preocupa enormemente”.
También estudia como llevar el asunto de los contratos del servicio de ambulancias al seno del Parlamento Europeo ante la “inoperancia” de los distintos servicios territoriales de salud de todo el país a la hora de terminar con los “incumplimientos y abusos” de las empresas que prestan estos servicios públicos, que son “esenciales” para la ciudadanía.
Para finalizar, animan a la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura a proponerse “seriamente” la internalización del servicio, como ya están haciendo con “grandes resultados” en otras regiones gobiernos del mismo signo político, lo cual “evitaría que los contratos estuvieran siempre en entredicho”.
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