MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) planteó este jueves sus “dudas” en torno a la “efectividad” y el “alcance real” del tope a la cesta de la compra propuesto por el Gobierno y ve “compleja” la medida desde el punto de vista legal.
Así lo precisaron a Servimedia fuentes de la asociación tras la reunión mantenida por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con el CEO de Carrefour España, Alexandre de Palmas, para analizar la propuesta de limitar los precios de la cesta de la compra.
Desde la entidad, confesaron sus “dudas” sobre “la efectividad y el alcance real” de estas medidas en el bolsillo de las familias, además de considerarlas “imprecisas en cuanto a sus posibles costes y quién los asume”, si bien puntualizaron que para OCU “es indudable la necesidad de ayudas para hacer frente a la subida generalizada de los precios de la alimentación de las economías más desfavorecidas” y que cifró en un 15,2% de media en el último año.
Además, “a falta de una propuesta más concreta” sobre la “intención” expresada por parte del Gobierno de “buscar acuerdos” para establecer una cesta básica de productos de alimentación con un precio máximo, juzgaron “necesario aclarar” si se trata de fijar un precio máximo para un “conjunto de alimentos”, o de buscar “acuerdos de buenas prácticas encaminados a no subir los precios de ese grupo de alimentos”.
A su entender, ambas cuestiones resultan “complejas” desde la perspectiva de su encaje en el marco legal, “tanto desde el punto de vista de la fijación de precios como de la competencia”. A ello añadieron que la propia selección de los productos de la cesta básica “ya plantea un problema, pues no se trata de una cuestión homogénea y existen diferentes categorías” de alimentos.
La organización ya planteó hace un tiempo la necesidad de establecer bonos o cheques de alimentos para las economías “más desfavorecidas”, destinados a hacer frente al sobrecoste que para las familias supone el incremento de precios y que OCU ha calculado en 815 euros anuales.
En paralelo, la asociación plantea la necesidad de que, en las circunstancias actuales, se reduzcan “al máximo” los impuestos que gravan la energía y que esto se “extienda” a la alimentación básica, eliminando “temporalmente” el IVA superreducido.
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