VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Cuentas ha entregado este jueves en las Cortes de Castilla y León el informe de una auditoría operativa para analizar el diseño y la implementacion de ayudas y subvenciones por la COVID-19, del cual se desprende que la Administración inyectó 454 millones hasta septiembre de 2021 para paliar los efectos de la pandemia.
En concreto, el ‘Informe de fiscalización del análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a la COVID-19 tramitadas por la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ejercicio 2020’ tiene por objetivo verificar si la Administración autonómica ha convocado todas las subvenciones y ayudas vinculadas a la COVID-19 previstas en el Plan de Medidas Extraordinarias y en el Plan de Choque de desarrollo del Pacto para la Recuperación Económica.
Asimismo, asegurarse de si se han convocado otras subvenciones y ayudas destinadas a paliar las consecuencias de la pandemia, según ha explicado el Consejo de Cuentas a través de un comunicado recogido por Europa Press.
En segundo lugar, se ha comprobado si las ayudas y subvenciones convocadas han sido de nueva creación, para hacer frente exclusivamente a las consecuencias originadas por la pandemia, o son adaptaciones de las condiciones y cuantías de las convocadas en los ejercicios anteriores con la misma finalidad.
Por otra parte, el informe ha analizado si se ha modificado la planificación estratégica de subvenciones de las consejerías y entidades que integran la Administración autonómica para incorporar las convocatorias vinculadas a la COVID-19 y si se han definido indicadores del cumplimiento de sus objetivos.
Las actuaciones fiscalizadoras se han limitado al periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, hasta el 30 de septiembre de 2021.
AYUDAS Y SUBVENCIONES
De acuerdo con la información comunicada, diez entidades de la Administración autonómica han convocado en 2020 y hasta septiembre de 2021, por motivo de la pandemia, ayudas y subvenciones por importe de 641 millones de euros, a través de 97 líneas distintas, de los que se han concedido 454 millones (un 70 por ciento del importe convocado), habiéndose pagado 377 millones (un 82 por ciento del importe concedido) a 31 de diciembre de 2021.
En el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León, dentro del apartado específico de ‘ayudas COVID-19’, a 30 de septiembre de 2021, no constaban el 65 por ciento de las 97 líneas de subvención.
De las 27 líneas de acción previstas en el Plan de Choque para el Empleo de 11 de noviembre de 2020, 18 se han instrumentalizado a través de las ayudas o subvenciones relacionadas con la COVID-19.
En lo que respecta al tipo de subvenciones, el Instituto para la Competitividad Empresarial (con un 36 por ciento) y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (con un 14 por ciento) son las dos entidades que concedieron un mayor importe de las diez que comunicaron subvenciones.
El 72 por ciento del importe concedido por la pandemia se tramitó mediante ayudas y subvenciones comunicadas como de nueva creación, siendo de este tipo la totalidad del importe concedido por cuatro de las diez entidades.
Se concedieron de forma directa 78 líneas de las 97 comunicadas, por importe de 366 millones de euros (un 80 por ciento), instrumentándose mediante acuerdo de la Junta la concesión de 43 líneas por importe de 167 millones y 35 líneas mediante una convocatoria pública.
APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO
De acuerdo con el informa, de los 360 millones concedidos con el objetivo de apoyar el tejido productivo, el 52 por ciento se dirigió a la economía en general, sin especificar sectores concretos de actividad, mientras que para cubrir necesidades de financiación fue un 79 por ciento.
Para financiar inversiones en desarrollo sostenible se destinó un diez por ciento), para apoyar el mantenimiento del trabajo autónomo y a trabajadores incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo un siete por ciento y el resto a investigación y desarrollo (2 por ciento).
Las segundas ayudas en importancia, con un importe concedido de 60 millones, son las destinadas a paliar el déficit de los concesionarios de los servicios de transporte público de uso general de viajeros por carretera y sus infraestructuras complementarias, concedidas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
De esta forma, se concedieron ayudas a la agricultura y ganadería por importe de 49 millones a través de 14 líneas distintas, donde el 56 por ciento del importe concedido se destinó a la industria de transformación de productos agrícolas mediante dos líneas.
De las ayudas específicamente diseñadas para el sector turístico, con un importe concedido de 36 millones, el 66 por ciento fueron destinadas a paliar la situación de pérdida económica sufrida por la crisis sanitaria, un 13 por ciento a la adecuación de espacios seguros y el diez por ciento al programa de apoyo financiero a pymes y autónomos pertenecientes al sector de alojamientos turísticos.
El importe concedido de forma concreta al sector de la hostelería ascendió a 13 millones destinados a empresas que hubieran estado en expedientes de regulación temporal de empleo y a bonificar gastos financieros, tanto para soportar el periodo de aplicación como de levantamiento de las medidas sanitarias preventivas, como los derivados de operaciones de pago financiado para las compras a proveedores.
Por último, el importe concedido al sector comercial y a las ferias artesanales ascendió a cuatro millones, de los cuales el 89 por ciento de las ayudas fueron dirigidas a las pymes y el resto a paliar las consecuencias económicas para los sectores de feriantes y promotores de orquestas.
MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL
Según se desprende del informe, se concedieron 94 millones, un 20 por ciento del importe total concedido, para minimizar el impacto social de la pandemia.
El 75 por ciento de estas ayudas, 41 millones de euros, se destinó a las personas más vulnerables, entre los que destacan los 29 millones para atención domiciliaria, cinco millones para ayudas de alquiler de vivienda y 3,4 millones para alimentación) y 28 millones a la contratación de personas desempleadas.
Asimismo, se concedieron ayudas por importe de seis millones para la protección sanitaria, incluyendo tareas de limpieza y desinfección y equipos de protección, tanto individual como colectiva.
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