SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado este jueves en comisión parlamentaria los ejes que marcarán la legislatura respecto a las políticas que son de su competencia y ha invitado a los grupos a alcanzar un consenso para diseñar “un modelo propio de Justicia para Andalucía” y un “nuevo marco de relaciones con las entidades locales” desde el “respeto” y sin “tutelas”, eliminando el “sobrecontrol financiero” de la Junta hacia los ayuntamientos y las trabas burocráticas.
Nieto ha dedicado especial atención a las competencias en materia de Administración Local que ostenta la consejería, en cuya estructura el órgano directivo encargado de las mismas ha elevado su rango al pasar de una Dirección General a una Secretaría General que lidera María Luisa Ceballos. A su juicio, es necesario crear un nuevo marco de relaciones de la Junta de Andalucía con ayuntamientos, diputaciones y demás entidades locales basado en el “respeto, la simplificación administrativa y la liberación de presiones” a éstas, eliminando el “sobrecontrol financiero” de las mismas.
Así, ha abogado por “asumir como propio el control que ya realiza la Intervención municipal” a la gestión financiera de las entidades locales y “no imponer otro control” autonómico, sustituyendo éste a favor de que los ayuntamientos se sometan más a la supervisión de la Cámara de Cuentas. Además, ha apostado por reducir también la “presión” a los municipios por parte de otras administraciones como el Gobierno central en materias como la obligación de suministrar información trimestralmente de sus cuentas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, fruto de “un momento de crisis” y ha propuesto que el plazo sea semestral para liberar de burocracia a los ayuntamientos.
En cuanto a la cooperación financiera del Gobierno andaluz con los ayuntamientos, que en la última legislatura se ha incrementado progresivamente hasta superar los 1.500 millones, ha calificado de “antigua” la tradicional división entre fondos condicionados e incondicionados y ha apostado por realizar los cambios normativos necesarios para dividirlos en “estructurales y coyunturales” de forma que los primeros no tarden meses en llegar a las arcas municipales.
En materia de Administración Local, ha señalado el apoyo a las entidades locales para digitalizar su administración mediante Cep@l una herramienta puesta en marcha por la consejería y a disposición de los ayuntamientos de manera gratuita que permite “homogeneizar” los 600 procedimientos más habituales que realizan los ciudadanos con los consistorios con total seguridad jurídica. También se ha referido a la necesidad de plantear “debates que pueden ser incómodos” como la obligación de analizar el presente y el futuro del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para “mejorarlo y ser más eficientes” y ha anunciado que el próximo día 22 firmará en Córdoba el convenio con los presidentes de las ocho diputaciones para la financiación del PFEA de este año.
Respecto a las competencias sobre Justicia, Nieto ha abogado por crear un “modelo de Justicia para Andalucía” tras percibir, en las reuniones con los diferentes agentes judiciales, la falta de la planificación y diseño de un modelo tras 25 años con las competencias transferidas. Para Nieto –que cuenta en su equipo con Luis García Navarro como secretario general de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración, y Rosalía Espinosa como secretaria general de Servicios Judiciales– ese modelo debe basarse en “el diálogo” y en la “humanización” del sistema; en la coordinación administrativa y en potenciar mecanismos como la mediación para reducir la carga de trabajo.
Así, su “primer objetivo es reducir la litigiosidad y el segundo mejorar la dotación de medios humanos y técnicos” del sistema y ha aludido a la necesidad de llevar la administración electrónica y la digitalización a los juzgados, gracias a la oportunidad que suponen los fondos europeos Next Generation.
En la actual legislatura, la consejería asume las competencias en materia de Función Pública y con ellas la regulación del propio funcionamiento de la Junta de Andalucía con una nueva norma cuyo Anteproyecto aprobó el miércoles el Consejo de Gobierno.
Nieto ha propuesto a los grupos parlamentarios tramitar por vía de urgencia la Ley de Función Pública, que sustituirá al texto actual de 1985, para poder aprobarla antes de final de año y ha subrayado que uno de los objetivos de la misma es “retener y captar talento” para que en la Administración Pública estén los mejores.
La tramitación por vía de urgencia del texto, consensuado con la mayoría de los sindicatos más representativos, permitiría aprobarlo antes de acabar el periodo de sesiones actual mientras que la tramitación ordinaria llevaría hasta marzo o abril.
GRUPOS
Desde el Grupo Parlamentario de Vox, Cristina Jiménez, ha lamentado la ausencia de planificación y los continuos “parches” en el ámbito de la Justicia andaluza tanto en la etapa socialista en la Junta como en el pasado mandato, y ha reclamado soluciones a la “gran dispersión” que padecen las sedes judiciales andaluzas y a sus “deficitarias” infraestructuras.
Durante su intervención, Jiménez se ha referido al caso de los ERE para asegurar que el grupo parlamentario de Vox estará vigilante para que “todos los condenados en sentencia firme del Tribunal Supremo “devuelvan a los andaluces los 680 millones de euros que han expoliado de las arcas públicas”.
Desde el grupo parlamentario socialista, el diputado Víctor Manuel Torres Caballero ha señalado que “estamos ante un gobierno que no es nuevo” y se ha referido a los paralelismos entre la exposición que ha hecho este jueves el consejero y la que hizo hace tres años y medio su antecesor –Juan Marín– respecto a las necesidades y objetivos, lamentando la “gestión deficitaria” durante la pasada legislatura en materia de justicia.
Ha confiado así en que se aborde el plan de igualdad para la Administración de Justicia, al tiempo que ha reclamado conocer los detalles de los planes de infraestructuras, si van a continuar, si se renovarán o si serán reforzados con más presupuesto y los plazos que se plantean.
En materia de Función Pública, ha considerado, tras la aprobación del proyecto ley de Función Pública, que puede ser “una oportunidad para profundizar” en la estabilización del personal, la situación de los interinos y cumplir con las promesas que se hicieron en su momento de monitores escolares o de escuelas infantiles”, llamando al diálogo con sindicatos y grupos parlamentarios. Sobre la Administración Local ha confiado en que se dé un giro de 180 grados a la relación de la Junta con las entidades locales, en tanto que en la anterior legislatura “no ha sido así”.
Desde el grupo parlamentario del PP, el diputado Juan Bueno Navarro ha saludado los objetivos desgranados por el consejero, al tiempo que ha defendido los “importantes” pasos dados en cuestión de infraestructuras judiciales y, “aunque queda mucho por hacer sin ninguna duda se está en el camino de solucionar la dispersión de las sedes judiciales en Andalucía”, ha dicho. Junto a ello ha considerado que la Junta y esta consejería han “cogido el camino para poder erigirse en el Gobierno más municipalista que ha habido nunca en el Gobierno de Andalucía”.
Por su parte, el diputado del grupo parlamentario Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha opinado que, en el ámbito de la justicia, es fundamental abordar la agilización de los litigios y la mejora de las infraestructuras, al tiempo que ha apelado a la puesta en marcha de un plan de financiación en materia de personal y de formación en el ámbito de la violencia de género, a fin de evitar que se ralenticen estas causas en las que está en juego “la propia vida” de las víctimas.
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