Aseguran que han conseguido plasmar las nuevas normativas curriculares para todas las CC.AA en una adaptación “sin precedentes”
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La Asociación Nacional de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE) ha asegurado que el proceso de adaptación de los libros y materiales a la LOMLOE se ha realizado “en un tiempo récord” y ha requerido de “inversiones millonarias” por parte de las empresas.
Así se reconoce en el informe ‘El libro y contenidos educativos en España. Curso 2022-2023’ publicado este jueves por ANELE, donde detalla las dificultades a las que las empresas han tenido que enfrentarse a la hora de desarrollar su labor de cara a este curso
Además, recuerdan que el IPC de julio registró un incremento del 10,8% en su tasa interanual y que los libros de texto registraron un incremento del 1,5%. En el caso del sector editorial, además de la subida de los costes energéticos, han de afrontar otros incrementos de gastos como los derivados de la subida del papel, de los costes salariales para ajustarlos a la inflación.
Los editores también apuntan que, a la hora de analizar la inversión que deben hacer las familias por los libros de texto, es importante tener en cuenta que, según los datos facilitados por las comunidades Autónomas, “algo más del 50% del alumnado de la enseñanza obligatoria recibe algún tipo de ayuda para los libros de texto”, ya sean ayudas directas, libros en préstamo o desgravaciones fiscales.
En todo caso, asegura que “está tratando de ajustar al máximo sus costes de producción para tratar de evitar trasladar a las familias el fuerte incremento de los gastos”.
Por otro lado, la asociación ha asegurado que las editoriales han conseguido elaborar libros y materiales didácticos adaptados a las nuevas normativas curriculares para todas las comunidades autónomas y que los libros están siendo puestos a disposición del profesorado y del alumnado..
El informe apunta que el proceso de adaptación de los libros y materiales a la LOMLOE “no tiene precedentes”, ya que se han tenido que renovar todos los libros de texto de los cursos impares, algo que “no había ocurrido con ninguna otra ley”. “Además de realizarse en un tiempo récord, ha requerido de inversiones millonarias por parte de las empresas. Todo ello en un escenario de incremento de costes y de inflación”, asegura ANELE.
LIBROS EDITADOS TAMBIÉN EN LAS CCAA QUE NO HAN PUBLICADO CURRÍCULOS
ANELE ha matizado que incluso en aquellas comunidades que no han aprobado su normativa definitiva, las empresas han editado libros y habilitado fórmulas “que garantizarán el acceso a materiales definitivos a través de las plataformas editoriales”.
Entre las que las empresas han tenido que enfrentarse a la hora de desarrollar su labor de cara a este curso, se encuentra la elaboración de los nuevos currículos por parte de las administraciones públicas, una tarea que, como se señala en el informe, no está siendo “ni rápida, ni sencilla”, lo que ha contribuido a “la escasa capacidad de las diferentes administraciones para alcanzar acuerdos”.
“Esto ha significado que no se haya conseguido el propósito –del Ministerio de Educación y Formación Profesional– de disponer de los currículos con el tiempo suficiente como para poder ser reconocidos y asumidos por la comunidad educativa”, explica el informe.
Y añade que tampoco la elaboración de los reales decretos y los decretos autonómicos “han ido en paralelo”. De hecho, apunta que, cuando ya se está iniciando el curso, hay “siete comunidades autónomas que aún no han publicado ninguno de sus decretos curriculares (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco)”.
Los editores recuerdan que disponer de estos textos normativos “no solo es importante para la elaboración de los libros de texto, también para el conjunto de la comunidad educativa, pues estos determinan no solo los contenidos, también la programación de las materias, las cargas horarias, etcétera”.
PROFESORES Y EDITORES SE BASAN EN LOS BORRADORES
Ante tales circunstancias, en tanto que se aprueban de forma definitiva los currículos, el informe refleja que tanto profesorado como editoriales “no han tenido más remedio que basarse en estos borradores para preparar, clases, libros y materiales didácticos”.
Todo ello, unido al hecho de que se han emitido mensajes contradictorios respecto a la renovación de los libros en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña o Madrid, ha propiciado que los procesos de prescripción y selección de los libros por parte de profesores y centros se haya retrasado e incluso pospuesto a septiembre”, ha advertido ANELE.
Como consecuencia, añade que la planificación logística “ha sido más compleja y, en casos puntuales, se están produciendo algunas incidencias a la hora de encontrar determinados libros en las librerías, incidencias que se están resolviendo en pocos días”.
Los editores apuntan en su informe que, en un proceso de cambio como el que representa la LOMLOE y su nuevo desarrollo curricular, el papel del sector editorial y de los libros de texto que las editoriales elaboran “adquiere gran relevancia”.
Además de libros adaptados a las nuevas normativas curriculares, los proyectos editoriales engloban mucho más que contenidos y actividades, “incluyen orientaciones pedagógicas y metodológicas, materiales digitales, propuestas de programaciones de área y de aula”.
HOMOGENEIZAR LOS SISTEMAS DE AYUDAS
El informe vuelve a poner de manifiesto que también en los programas de ayudas para los libros de texto existen “notables diferencias” entre comunidades autónomas. “No se trata solo de una diferencia de los recursos económicos destinados a estos, también a los procedimientos, las cuantías y los modelos de adquisición de los libros de texto o de las ayudas”, precisa.
Así, critica que haya comunidades autónomas en las que su alumnado dispone de los libros gratis y, en otras, que dependiendo de los niveles de renta -estos también variables según la CCAA-, obtienen algún tipo de ayuda económica o una cantidad de libros determinada.
Con el fin de evitar que se genere desigualdad entre el alumnado y que todos puedan acceder a recursos de calidad, desde ANELE se aboga por que el Ministerio sea capaz de liderar “los trabajos para alcanzar un consenso en el desarrollo de un programa de ayudas a las familias en todas las comunidades autónomas”, fijando unos criterios comunes.
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