La ministra de Defensa ya avanzó que querían hacerlo por escrito
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama, que investiga el ‘caso Pegasus’, ha solicitado a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, que le comuniquen de qué forma quieren prestar declaración como testigos, si lo harán de manera presencial en el propio juzgado, mediante videoconferencia o por escrito acogiéndose al privilegio procesal establecido a favor de los integrantes del Gobierno.
Antes de señalar cuándo tendrán que testificar, el juez les da un plazo de cinco días para que transmitan cómo lo harán. La ley autoriza a los miembros del Gobierno a declarar por escrito o por videoconferencia por razones de utilidad, seguridad u orden público.
Así lo plasma en un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, que también acuerda librar un recordatorio a las autoridades judiciales de Israel con el objetivo de interesar una respuesta a la comisión rogatoria emitida el pasado 5 de mayo para requerir a la empresa NSO GROUP, propietaria del software Pegasus, para que emita informe sobre diversos aspectos “esenciales” para la investigación de los hechos.
Esa solicitud, que todavía no ha obtenido respuesta, fue ampliada, recuerda Calama en su auto de este miércoles, el 5 de junio, a fin de conseguir autorización de las autoridades judiciales de aquel país para el desplazamiento desde España de una comisión judicial a Israel para tomar declaración testifical acerca de los hechos expresados en la comisión rogatoria inicialmente emitida.
Cabe recordar que Robles ya avanzó en declaraciones a los periodistas a principios del mes de agosto su intención, y la del titular de la cartera de Interior, de declarar ante el juez Calama por escrito, como ya lo hiciera en su día Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
“Nuestra idea es hacerla por escrito porque la ley permite esa posibilidad. Queremos colaborar plenamente con la Justicia”, indicó Robles a su llegada a la base de Torrejón de Ardoz, aunque la ministra de Defensa aseguró que ella y Marlaska, como perjudicados por el espionaje a sus teléfonos, “poco” pueden aportar a la causa.
Robles deseó que se pueda esclarecer la autoría de la intrusión en sus terminales con ese software y agregó que confía en que el magistrado instructor llegue “hasta el final” para dar con el responsable del espionaje, pero manifestó que será difícil.
VÍA LIBRE DEL CONSEJO DE MINISTROS
Por aquel entonces, la citación como testigos de ambos estaba pendiente de que el Consejo de Ministros diera luz verde a su petición de desclasificación de asuntos declarados como secreto. A partir de entonces se pasaría a buscar una fecha en el calendario.
En su auto, Calama explica que el pasado 24 de agosto se recibió el Acuerdo del Consejo de Ministros del día anterior por el que se acordaba “no proceder a la desclasificación de acto, documento información dato ni objeto alguno” porque, en cuanto a los hechos investigados y al análisis de los teléfonos móviles de Robles y Marlaska, los informes realizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) “no contienen elemento alguno que se encuentre clasificado ni como secreto ni como reservado”, pues el contenido de los documentos “no compromete la seguridad del Estado, ni las fuentes, medios y procedimientos” del organismo de inteligencia.
El juez de la AN empezó a investigar el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue luego ampliada al confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.
En una primera resolución, Calama dio detalles sobre la denuncia que había presentado la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el pasado 30 de abril, se tuvo “conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, ‘software’ espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021”.
EN PLENA CRISIS CON MARRUECOS
Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que “el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)”, mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.
En sendos casos, los informes fijaban que “se produjo filtración de información”, pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta “indicadores conocidos de infección en curso”.
La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que, precisamente, llevó al jefe del Ejecutivo a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.
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