También reclama al Gobierno un mecanismo procesal para ejecutar este tipo de resoluciones
BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha pedido este martes al Gobierno modificar o derogar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para cumplir el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la vulneración de derechos de expresos del 1-O cuando eran diputados del Parlament.
En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha explicado que en la reunión la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha presentado un informe sobre la resolución de la ONU, en el que reclama al Estado “reparar los daños” de esta vulneración de derechos e impulsar las medidas necesarias para que no se vuelva a producir.
Una de las acciones que reclama el Govern es derogar o reformar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la suspensión automática de cargos públicos una vez firme el procesamiento o decretada prisión provisional por un delito relacionado con bandas armadas, terrorismo o individuos rebeldes, y Plaja ha asegurado que en los próximos días enviarán “oficialmente” esta petición al Gobierno.
Más allá de este artículo, la portavoz del Govern ha defendido la necesidad de derogar o modificar cualquier norma que pueda estar relacionada con este asunto para “reparar el daño causado y evitar la repetición en el futuro”.
Además, ha insistido en que el Gobierno debe adoptar “medidas reales, urgentes y efectivas” en este sentido y ha planteado que adopte un mecanismo procesal que permita el cumplimiento y la ejecución de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
EL GOBIERNO DEBE “MOVER FICHA”
Para el Ejecutivo catalán, el dictamen de la ONU constituye un “importante documento de valor doctrinal” y, pese a que admite que no es una sentencia ni es vinculante, cree que se trata de una resolución relevante que tendrá en cuenta tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Así, considera que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno y que debe “mover ficha” para adoptar las medidas necesarias para cumplir la resolución y evitar una nueva vulneración de derechos.
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