El fin de las ayudas es garantizar la compatibilidad entre la actividad ganadera y la especie en el marco de la normativa europea
SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)
Un total de 955 titulares de explotaciones profesionales de ganadería extensiva de Cantabria que contribuyen a la conservación de la biodiversidad en zonas con presencia permanente del lobo se beneficiarán de los pagos por servicios ambientales que, con un importe total de 1.035.705 euros en este año 2022, otorga el Gobierno de Cantabria.
Lo hace a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dentro de su Plan de Gestión del Lobo en la comunidad autónoma, con el fin de garantizar la compatibilidad entre la actividad ganadera y la especie en el marco establecido por la normativa europea.
Los pagos son de concesión directa y la cuantía es una prima anual por cabeza de ganado en régimen de ganadería extensiva en alguno de los municipios incluidos en la Zona 1 que contempla la zonificación del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria en vigor desde 2019, y conforme a lo establecido en el Decreto 70/2021, de 19 de agosto.
El Gobierno ha destacado en un comunicado que Cantabria es la única comunidad en toda España que tiene aprobado un mecanismo de compensación a los profesionales de la ganadería extensiva que conviven con el cánido, “de este alcance y con estos objetivos”, y que “se seguirá aplicando en los años siguientes”.
Todos los solicitantes que cumplen los requisitos establecidos en dicho Decreto recibirán el pago, sumando los 955 sobre un total de 1.017 peticiones.
De esta manera, se abonarán 20 euros por cabeza de ganado ovino o caprino, 15 por equino y 10 euros por cabeza de ganado bovino. Los ganaderos que se han acogido a este pago deben contar con explotaciones activas en alguno de los 36 municipios de la zona 1 del Plan de Gestión, que suman el 56,84% de la superficie regional.
Se trata de Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Cieza, Cillorigo de Liébana, Hermandad de Campoo de Suso, Lamasón, Luena, Molledo, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones, Potes, Reinosa, Rionansa, Las Rozas de Valdearroyo, Ruente, San Miguel de Aguayo, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Soba, Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Vega de Liébana y Vega de Pas.
La Consejería recuerda al respecto que la zonificación del Plan de Gestión se realizó aplicando criterios de área distribución de la especie y grupos con cría confirmada; disponibilidad de presas silvestres; grado de humanización del territorio; presencia de ganadería extensiva y daños producidos, y la propia coherencia territorial de las unidades de gestión, determinándose que las zonas con mayor probabilidad de daños son las que tienen una densidad más alta de lobo, menor densidad de presas silvestres y mayor cantidad de ganado extensivo, especialmente menor y equino.
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD GANADERA
El consejero, Guillermo Blanco, ha destacado la importancia de estos pagos para que “los condicionantes que la presencia de un depredador como el lobo produce en la ganadería extensiva, no hagan inviable, o comprometan de manera relevante, el mantenimiento y mejora de esta actividad productiva en nuestra región”.
Ha considerado que contribuirán a fortalecer la ganadería extensiva, “una actividad económica clave para las zonas rurales y que, por tanto, es esencial para luchar contra el despoblamiento”.
“Los problemas que causa el lobo no solo se limitan al hecho evidente de los daños sobre el ganado, que suponen una amenaza para la viabilidad de muchas explotaciones en zonas loberas, sino que desincentivan a aquellos jóvenes que quieren continuar con la actividad tradicional de la ganadería extensiva de sus predecesores y a los que se quieren instalar por vez primera en el medio rural como profesionales del sector primario”.
Estos pagos son independientes de las indemnizaciones por daños, que se abonan en toda la región y a todos los afectados, sean o no ganaderos profesionales, y de las ayudas para la adopción de medidas preventivas, a las que pueden concurrir todos los titulares de explotaciones y para cuya concesión en régimen de concurrencia competitiva se aplican criterios de incidencia de daños, entre otros.
De esta manera, se conforma un conjunto de herramientas de apoyo al sector ganadero que, junto con “el necesario control de ejemplares y el seguimiento de la especie”, constituyen el “núcleo” del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, que ha validado el Tribunal Superior de Justicia rechazando las demandas de ecologistas que pedían su anulación.
Finalmente, Blanco ha insistido en que su departamento va a desarrollar el Plan de Gestión en lo que se refiere a los controles de ejemplares “son una herramienta más, pero imprescindible, para lograr los objetivos del Plan”, pero lo harán “siempre ajustándonos a la legalidad vigente”.
En este sentido, ha recordado que tras la inclusión de todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, el LESPRE, por parte del Gobierno de España, desde la Consejería presentaron un recurso solicitando su anulación, asunto que se está tramitando en la Audiencia Nacional, sin renunciar a “ninguna otra iniciativa que logre la derogación de una norma que no tiene justificación técnica”.
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