MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El grupo de trabajo para el seguimiento de la sequía, convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, analizó este lunes las consecuencias de esta adversidad climática en el sector agrario y evaluó las medidas de apoyo puestas en marcha en marzo por el Gobierno para hacer frente a la situación.
Según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han reunido a través de la Comisión Permanente de Adversidades Climáticas y Medioambientales (COPAC). Participaron representantes de los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de las comunidades autónomas, comunidades de regantes, las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias.
De los informes de seguimiento de la situación presentados por las distintas se realizará una evaluación para estudiar las líneas a seguir.
El pasado 15 de marzo, el Gobierno aprobó medidas de apoyo para mitigar esta situación de escasez hidrológica y sus consecuencias en la actividad agraria, después de la reunión de la Mesa de la Sequía celebrada el 4 de marzo. Estas medidas de orden fiscal, laboral, social, financiero e hidráulico implican a seis ministerios y “reflejan el compromiso del Gobierno con el sector agrario, que juega un papel fundamental en la economía nacional” subrayó el Ministerio.
En cuanto a la fiscalidad, el Gobierno estimó que los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos han podido beneficiarse de una reducción del 20% en la estimación de estos para la declaración del IRPF de 2021.
En total, se estima una reducción de en 1.016 millones de euros. De cara al ejercicio fiscal del año 2022, el Ministerio recogerá en su informe para Hacienda los efectos de la sequía en este año.
Entre las medidas en vigor el Ejecutivo subrayó también la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para las explotaciones que cumplan determinados requisitos. El Gobierno compensa a los ayuntamientos que apliquen esta exención en el actual ejercicio presupuestario.
En cuanto a los seguros agrarios, entre las medidas de prórroga del plan de ayudas por las consecuencias de la guerra de Ucrania, se encuentra el incremento de la subvención al seguro agrario y que se ha traducido en un incremento de 60 millones de euros. Con esta subida, unida al aumento de determinadas ayudas adicionales y otras mejoras introducidas en 2021, “algunos colectivos como el de los agricultores jóvenes tendrán una subvención próxima al 65 % sobre el coste de la prima, máximo permitido por la normativa comunitaria sobre ayudas estatales”.
En materia laboral y social, el Gobierno concedió aplazamientos en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y de recaudación conjunta que han sido prorrogados sucesivamente. También se ha reducido, de 35 a 20, el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura.
Asimismo, el Gobierno subrayó el uso de 12 millones de euros para “apoyar la financiación de empresas del sector y que se ampliaron posteriormente hasta 24,7 millones de euros por acuerdo del Consejo de Ministros el 25 de junio”. Igualmente se ha ampliado el plazo para la solicitud de estos créditos favorables hasta el 1 de mayo de 2023.
El Real Decreto-ley 4/2022 también prevé actuaciones sobre el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado y medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, las que presentan un mayor déficit de reservas debido a la prolongada situación de sequía.
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