La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha abonado las facturas de enero y febrero a los abogados del turno de oficio de la Comunitat Valenciana, que ascienden a un importe de más de 3,3 millones de euros. Por su parte, el Consejo Valenciano del Colegio Procuradores ha recibido pagos correspondientes a estas mismas mensualidades por más de 700.000 euros.
La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha afirmado que “la retribución a estos colectivos implica la dignificación de la labor que llevan a cabo y el reconocimiento de la importancia que su trabajo tiene a nivel social e institucional, ya que el acceso gratuito a la justicia es un pilar fundamental de nuestro estado de derecho”.
“Se trata de un compromiso de este Consell y de una obligación moral de cualquier gobierno responsable: garantizar la calidad de las prestaciones y la dignificación de un colectivo de trabajadores que presta un servicio básico en nuestra sociedad”, ha señalado la secretaria autonómica de Hacienda.
Ferrando: “Realizamos un esfuerzo a pesar de la infrafinanciación” Clara Ferrando ha explicado que “desde el Consell estamos realizando un importante esfuerzo para atender nuestros compromisos de pago pendientes y, en todo momento, estamos priorizando los pagos en materias más sensibles como son las relacionadas con la justicia, la sanidad, la educación o el bienestar social”.
“A pesar de la infrafinanciación que sufrimos los valencianos por parte del Estado, que aún no ha reformado un modelo de financiación que nos condena a ser la autonomía peor financiada de España, desde el Consell venimos realizando un esfuerzo para atender nuestras obligaciones dentro del estrecho margen que tenemos”, ha afirmado la secretaria autonómica.
La justicia gratuita, piedra angular del sistema social Ferrando ha destacado que el Marcador de la Justicia 2018, publicado recientemente por la Comisión Europea, revela que la accesibilidad de los ciudadanos a la justicia gratuita en España se sitúa al mismo nivel que en Dinamarca. “El acceso a la justicia gratuita constituye una piedra angular del sistema de justicia social y es nuestra responsabilidad cumplir con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, ha indicado Ferrando.
La asistencia jurídica gratuita está también reconocida en la Constitución Española que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de aquellas personas que no disponen de recursos para litigar y desarrollada posteriormente en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
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