VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos UGT y CCOO han acusado a la Junta de Castilla y León de suprimir las cuestiones relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres en las bases reguladoras de ayudas de formación y de fomento del empleo y el autoempleo que se van a convocar próximamente.
Ambos sindicatos han realizado estas acusaciones tras las reunionescelebradas este miércoles en la Fundación Autonómica para la Formación y el Empleo de Castilla y León (Fafecyl) y en la Comisión Permanente del Consejo General de Empleo.
En un comunicado remitido a Europa Press, CCOO y UGT han explicado que el Ejecutivo autonómico ha hecho “desaparecer” de este paquete de subvenciones el programa de contratación de Agentes de Igualdad de Oportunidades en diputaciones provinciales y municipios mayores de 20.000 habitantes, que “tendrán que dedicar sus propios recursos para luchar contra la desigualdad”.
Asimismo, en materia de formación de trabajadores, las convocatorias de 2022, aún pendientes de publicarse, eliminan de sus prioridades formativas “todas las especialidades relacionadas con la igualdad de género”, según critican.
Una eliminación aprobada este miércoles “con el voto en contra de sindicatos y patronal”, que se suma a la eliminación del criterio de que las propias entidades que concurran a las convocatorias deben tener medidas de igualdad y conciliación.
Por lo que se refiere a los programas de fomento del empleo y el autoempleo, estos sindicatos lamentan que sigan “la misma directriz”, empezando por la desaparición de la contratación de Agentes de Igualdad en diputaciones y municipios grandes.
“En todos los programas se elimina el criterio de discriminación positiva para la contratación de mujeres a pesar de la eficacia demostrada de estas medidas. También se han suprimido los proyectos que fomentan la igualdad de oportunidades entre los que se subvenciones dentro del capítulo de Obras y servicios de interés general para las corporaciones locales”, recalcan en su comunicado.
Sobre esto, han recordado que estas medidas se unen a la eliminación del programa de integración sociolaboral de la población inmigrante y emigrante, “desechado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo como gasto superfluo”.
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