Amnistía recuerda a las víctimas de estos crímenes, extendidos por todos los continentes
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El próximo martes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, un crimen de lesa humanidad que consiste en la privación ilegal y por tiempo indefinido de la libertad de los individuos por parte de agentes del Estado o que actúan con el beneplácito de las autoridades, generalmente ligado a la tortura y al asesinato extrajudicial, con el sufrimiento añadido a los allegados de las víctimas, que probablemente jamás conocerán el paradero de sus seres queridos.
Países de todos los rincones del planeta han sido acusados de estas prácticas por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, que intentan reivindicar la gravedad de estos crímenes y denunciar la impunidad de sus agresores, quienes rara vez acaban respondiendo ante la Justicia.
En su conmemoración de este día, Amnistía recopila en un informe los casos más destacados de los últimos años, comenzando por uno que ha vuelto a adquirir especial relevancia en las últimas semanas: la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa (México) en 2014, considerada finalmente como un “crimen de estado” que ha desembocado en la detención de decenas de personas, entre ellas el ex fiscal general Jesús Murillo Karam por “los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia”.
La desaparición forzada es un delito que no conoce de fronteras, desde Qatar a la Autoridad Palestina pasando por Turkmenistán, ni géneros, como demuestran las 12.984 mujeres desaparecidas en Perú en 2021, ni de bandos en conflicto, como demuestra la presencia en la lista de Amnistía de países como Siria, Yemen, Rusia o Ucrania, cuyas respectivas autoridades están acusadas de las desapariciones de decenas de personas en Chechenia o en la región ucraniana del Donbás, desde 2014 hasta 2016.
Amnistía hace especial hincapié en la complejidad de un crimen concebido para infundir dolor a las víctimas, y terror e inseguridad a sus allegados y al conjunto de la sociedad; una herramienta silenciosa, de cifras esquivas, que multiplica el control de las autoridades sobre una población convencida de que ellos podrían ser los siguientes, borrados de la memoria colectiva.
ASIA
En el continente asiático, Amnistía aprovecha el reciente aniversario de la conquista talibán de Afganistán para recordar que el movimiento fundamentalista ha dedicado estos últimos 12 meses a purgar a antiguos funcionarios del Gobierno derrocado, rivales ideológicos o disidentes políticos, ejemplificados en el caso de la directora de la prisión de mujeres de Herat, Alia Azizi, en paradero desconocido desde octubre de 2021.
Amnistía también denuncia las desapariciones de miembros de la minoría uigur en los “campos de reeducación” de la región china de Xinjiang, o el caso del presidente iraní, Ebrahim Raisi, que ha llegado al poder sin que haya sido investigado por crímenes de lesa humanidad relacionados con la desaparición de miles de disidentes políticos en 1988, cuando era jefe de la Judicatura.
La ONG tampoco se olvida de casos como los desaparecidos en Birmania tras el golpe de Estado de febrero del año pasado, o las desapariciones efectuadas tanto por el Gobierno yemení como por la insurgencia huthi durante la larga y catastrófica guerra que lleva asolando al país desde 2015.
ÁFRICA
El continente africano, explica Amnistía, presenta ejemplos como el de Burundi, donde hay más de 250 casos abiertos ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, o Eritrea donde, según la ONG, “las autoridades eritreas siguen sometiendo a cientos de personas a desaparición forzada”.
En Kenia, durante el año 2021, la Policía sometió a desaparición forzada a 33 personas. Solo se iniciaron 28 procesamientos de presuntos autores de estas desapariciones.
Libia, uno de los epicentros de la crisis migratoria mundial, es uno de los casos más destacados por Amnistía. “Tanto los actores estatales como los no estatales continúan cometiendo innumerables violaciones de derechos humanos contra refugiados y migrantes”, asegura la ONG. Durante 2021 los buques libios interceptaron y devolvieron a 32.425 personas refugiadas y migrantes, “muchos de los cuales fueron sometidos a desapariciones forzadas tras su desembarco”.
Mozambique, Egipto, Níger, Uganda o Nigeria, cuya Policía secreta fue acusada de las desapariciones sin resolver de al menos 200 personas, forman parte de la lista africana de Amnistía, que resalta no obstante el caso positivo de Sudán, cuyo Gobierno ratificó recientemente la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
EUROPA
El continente europeo no es ni mucho menos ajeno a estos crímenes, en particular a lo que atañe al conflicto de los Balcanes, que sigue dejando heridas sin cerrar. Más de 1.600 personas siguen en paradero desconocido, denuncia la organización, desde el conflicto entre Serbia y Kosovo entre 1998 y 1999.
En abril de 2021, recuerda Amnistía, el presidente de Croacia advirtió de que, antes de incorporarse a la Unión Europea, Serbia debía aclarar la suerte de las personas croatas desaparecidas durante el conflicto en la antigua Yugoslavia. Solo fueron devueltos siete cadáveres.
Otros conflictos del pasado perduran en la actualidad, caso de España, como añade también Amnistía. La ONG, en este sentido, recuerda que expertos de Naciones Unidas ha recomendado al Gobierno y al Congreso de los Diputados que refuercen algunos aspectos de un proyecto de ley presentado el año pasado para garantizar el derecho a verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
AMÉRICA LATINA
Al caso destacado de México se une Argentina, donde “continúa la impunidad por las desapariciones forzadas”. Amnistía recuerda, por ejemplo, la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, cuyo cadáver fue hallado 107 días después de que su desaparición se denunciara a finales de abril de 2020, en un país sin “políticas públicas institucionales sobre la búsqueda eficaz de personas desaparecidas”.
Sobre Colombia, Amnistía indica que, hasta el 27 de mayo de 2021, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada había registrado 775 desapariciones forzadas en el marco del Paro Nacional, la protesta que tuvo lugar en Colombia ese año, en la que participaron miles de personas de forma pacífica, en su inmensa mayoría. Al finalizar el año seguía sin conocerse la suerte de 327 personas.
En Honduras, también sigue sin conocerse el paradero de cuatro miembros de la comunidad indígena garífuna pertenecientes a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que habían sido objeto de desaparición forzada en julio de 2020.
CRÍMENES DE SUPERPOTENCIAS
Amnistía dedica también sus correspondientes apartados a Estados Unidos y Rusia. De las autoridades estadounidenses, Amnistía recuerda que hasta ahora nadie ha comparecido ante la justicia por el sistema de centros de detención secreta gestionado por la CIA durante la “guerra contra el terror”.
Además, Amnistía lamenta que “el informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre los actos de tortura de la CIA seguía bajo secreto años después de que las escasas investigaciones realizadas sobre esos delitos se hubieran cerrado sin que se presentaran cargos contra nadie”.
Sobre Rusia, Amnistía denuncia nuevos informes de desapariciones forzadas, particularmente en Chechenia, donde sigue sin conocerse la suerte y el paradero de Salman Tepsurkayev, moderador del canal 1ADAT de Telegram y crítico con las autoridades.
En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Rusia era responsable de su detención no reconocida y arbitraria y de su tortura, así como de “no haber investigado eficazmente dichos actos de tortura”.
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